Conforman una nueva organización y exigen al gobierno del Estado que cesen cobros exagerados por trabajar. Piden una reclasificación del giro comercial
Por Rafael Gómez Chi
Mérida, Yucatán, 13 de octubre de 2021.- Las cantinas van por su dignidad. Hartos de que la sociedad las catalogue como giros negros, antros, lupanares o centros de vicio, unos 130 propietarios de este tipo de establecimientos pedirán una reivindicación cultural y patrimonial para evitar también cierres innecesarios y costosos permisos para trabajar.
Reunidos en el local de la centenaria Unión de Baratilleros, las y los cantineros comenzaron a delinear una nueva asociación con la que negociarán con el gobierno que las eliminen de las listas de giros negros y se las reclasifique como lugares de tradición culinaria y botonera.
El abogado Oscar Sauri Bazán, asesor legal y vocero de la nueva organización que se levanta de las cenizas de la mítica Alianza de Cantineros de Yucatán que dirigió Raymundo Echeverría Urcelay, afirmó que no van a pelear contra el Gobierno del Estado ni a violentar el Estado de Derecho para conseguir sus fines.
—No queremos que nos tasen ni nos vean como si estuviéramos en Jauja. La realidad es que atravesamos por una crisis económica grave. Sabemos que debemos cuidar los protocolos de salud, pero que no exageren los inspectores con persecuciones, esa no debe ser la actitud de un gobernante —expresó.
Además de que exigen ser eliminados del listado de giros negros y de noche, piden un protocolo sanitario para funcionar con sus determinaciones de cantina y así evitar el pago mensual de cinco mil pesos por permisos provisionales como restaurantes.
—Las cantinas ya lo son, ahí se va a comer, a botanear, son centros de negocios, de reuniones, son sitios históricos y culturales —afirmó Sauri Bazán.
Las y los cantineros se quejaron de los inspectores, porque además de los que les envían por la Secretaría de Salud, tienen que aguantar a los de los ayuntamientos y las medidas exageradas. “Debe ser algo proporcional, diferente a la clausura o a multas elevadas”, dijo.
—El gobierno no está para ganar dinero con esto, sino para apoyar a la gente en la reactivación de la economía. Aquí están alrededor de 130 propietario de establecimientos, hay gente de Mérida, Valladolid, Seyé y Tizimín, entre otros.
Por lo pronto la organización no cuenta con un nombre formal ni con una directiva, cosas que se verán más adelante. En breve solicitarán al Gobierno del Estado una reunión para formalizar estas peticiones.