Aparte de Ivonne Ortega, ¿qué otro gobernante yucateco en los últimos 30 años se atrevió a tanto en el Poder Judicial?
Por Rafael Gómez Chi
Mérida, Yucatán, 29 de abril de 2022.- La reciente reforma al Poder Judicial de Yucatán hay que verla con el tamiz de la historia. Se trata de la primera que el Partido Acción Nacional consigue tras la hegemonía del Revolucionario Institucional, especialmente de aquel tricolor que es la matriz de los movimientos que ahora se dicen de regeneración nacional, pero que no son más que inequívocas alucinaciones de un pasado todopoderoso que se sentía heredero de una revolución casi mitológica.
En efecto, la oposición a la reforma enviada por el Gobernador Mauricio Vila Dosal no parece fundamentada en la defensa de la justicia y el bien del pueblo, sino en ese encono partidista histórico que se aún se le tiene al panismo que se conoció como la ultraderecha retrógrada y maniquea.
Argumentar en la tribuna que Vila Dosal pretende el control político absoluto mediante un blindaje judicial a nivel local cuando deje de ser Gobernador es desconocer las leyes y tratar de tomarnos el pelo; claro, lo esgrimen porque saben que hay una clientela que compra el boleto para la función.
Aparte de Ivonne Ortega Pacheco en el 2010 ningún otro Gobernador ni la otra Gobernadora se atrevieron a tanto. A Ivonne no le fue del todo bien con la suya, pero nunca perdió el control político sobre el Poder Judicial y logró cambios mucho más profundos.
La reforma de Ivonne fue una iniciativa firmada por los tres poderes e incluso el anteproyecto fue elaborado por la Universidad Autónoma de Yucatán, el Colegio de Abogados, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Poder Judicial y la Consejería Jurídica. Además, se sometió al consejo con universidades y colegios.
Además, se trató de un cambio en la seguridad y la justicia al pasar la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía y se implementó el sistema penal acusatorio. Fue cirugía mayor, pero, la Procuraduría General de la República, entonces bajo el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, impugnó la reforma y tumbó la revocación de mandato, ya que en aquel entonces NO estaba en la Constitución General de la República.
¿Ya se les olvidó que quienes votaron a favor de las reformas de Ivonne fueron los ministros Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar?
Después de eso no hubo otra iniciativa hasta que Vila Dosal envió la suya y que finalmente se aprobó con una reconfiguración de ese organismo incrementando de 11 a 15 el número de magistrados quienes permanecerán en el cargo 15 años; el aumento de juzgados de primera instancia. Además, el Poder Judicial se convierte en el primero del país en tener facultad de enviar su proyecto de presupuesto directamente al Congreso del Estado sin necesidad de presentarlo primero al Poder Ejecutivo.
Un punto que no entiendo por qué causó escozor entre los opositores es el del retiro de los actuales magistrados, a los cuales se les dará 60 días después de la entrada en vigor para optar por la salida anticipada para conservar los beneficios de la pensión vitalicia o de lo contrario pasarán a formar parte del grueso de la población que no tiene las jugosas entradas de un retiro como tal a pesar de haber entregado toda su vida a un trabajo.
El cronista no tiene pensión. La empresa para la cual trabajó durante años no le otorgó las prestaciones laborales cuando lo contrató formalmente en 1993 sino hasta 1999 y por eso quedó en el sistema de las administradoras de fondos de retiro. No es la historia del cronista, sino la de millones de mexicanos. Y aquí pregunto: ¿Hubo algún legislador actual que defendió eso con la misma vehemencia de la sesión del jueves 28 de abril de 2022? ¿Hubo algún periodista de esos de ahora que armó un escándalo por eso? ¿Corretearon a algún gobernador preguntándole sobre ello? Claro que no. Entonces, no entiendo por qué razón montar todo un espectáculo en ese punto.
Hablaron de que lo más importante era incrementar los juzgados por la carga de trabajo de los actuales, aunque en el informe que rindió el magistrado Ricardo Ávila Heredia esta semana los números digan otra cosa en cuanto a los asuntos iniciados y finalizados en todos los ámbitos judicial, mercantil y familiar. En todo caso, no leí ni escuché argumentaciones serias en el debate a pesar de que las y los diputados tienen asesores.
Y finalmente, cuestionan a Vila Dosal de pretender un secuestro del Poder Judicial colocando magistrados a modo como si él fuera el primero y el último de los Gobernadores en hacer eso y él mismo fuera a litigar todos y cada uno de los casos o como si eso fuera a salvarlo del implacable juicio de la historia y de los hombres en caso de tener irregularidades. Después de pensarlo mucho me pregunto si esos y esas que esgrimen esas ideas no saben que existe una figura llamada Auditoría Superior de la Federación y una Cámara de Diputados con una mayoría del partido que pretende regenerar la vida pública del país.
La de cosas que se ven y oyen en la política partidista de estos rumbos.