Organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos claman justicia para el «Güero»

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 8 de agosto de 2021.- Asociaciones, colectivos y personas activistas defensoras de los derechos humanos en Yucatán y otros estados del país se solidarizaron y unieron al reclamo de justicia para José Eduardo Ravelo Echevarría “el Güero”, quien, de acuerdo por lo relatado por su madre María Ravelo, fue víctima de detención arbitraria, tortura y violación por parte de agentes de la Policía Municipal de Mérida, el pasado 21 de julio.

José Eduardo fue atendido en el Hospital General “Agustín O`Horán”, donde falleció el pasado 3 de agosto a consecuencia de los golpes y al atenderlo lo primero que le preguntaron fue si era gay. 

En un posicionamiento señalaron que “tras hacerse públicos los hechos ante la falta de respuesta de las autoridades y la familia Ravelo Echevarría en conjunto con la ciudadanía se manifestaron en el Palacio de Gobierno con la presencia del ataúd de José Eduardo para exigir justicia el pasado 6 de agosto; en consecuencia, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal, y el alcalde de Mérida Renán Barrera Concha declararon que cuatro policías estuvieron involucrados en el homicidio, así como que el crimen “es un hecho aislado”.

—Esto a pesar del grave y evidente contexto de detenciones arbitrarias, casos de tortura y muertes bajo custodia policial en “la ciudad más segura del país”, documentados y reportados por la sociedad civil. Hasta noviembre de 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) documentó en dos años los casos de 22 fallecimientos de personas detenidas y en custodia de autoridades policíacas (municipal y estatal), los cuales oficialmente se atribuyen a diversas causas, entre ellas el “suicidio” en cárceles municipales.

Señalaron que de acuerdo con el artículo 4, fracción IV, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, el titular de la Policía Municipal de Mérida debe vigilar en todo momento que la actuación del personal a su cargo se apegue a los derechos humanos y que sus funciones las cumplan sin discriminación motivada por origen étnico, género, edad, condición social, preferencias sexuales o cualquier acto u omisión que atente contra la dignidad humana, anule o reste los derechos y las libertades de las personas.

Para ellos, es claro que el precepto reglamentario anterior no se cumplió. José Eduardo “el Güero” fue detenido por estar caminando solo por las calles del centro a plena luz del día y, a juicio subjetivo,“parecer sospechoso”, fue subido a una unidad de transporte policiaco en donde fue violentado física y sexualmente. Su muerte es responsabilidad de quienes, se supone, están para servir y proteger a todas las personas que se encuentren en el municipio.

Las personas, organizaciones y colectivos firmantes exigieron a Mario Arturo Romero Escalante, Comisario y Director de la Policía Municipal de Mérida: Que inhabilite del cargo a los presuntos responsables hasta el esclarecimiento total de los hechos y se tenga a los culpables de lo sucedido. No es válido escudarse en el “desconocimiento” pues hubo testigos, además de contar con las cámaras de vigilancia y los reportes de las unidades en funciones en el perímetro donde ocurrieron los hechos entre las 10:00 a.m. y 11:00 a.m. del pasado 21 de julio. Ingeniero Romero Escalante le exhortamos a que no sea cómplice y cumpla con sus atribuciones como la ley se lo demanda.

Al Presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha demandaron que entregue a la FGE todas las pruebas que sean solicitadas para que quienes actuaron en contra de la integridad humana de José Eduardo paguen con la pérdida de su libertad y la inhabilitación permanente del cargo policíaco, además de visibilizar la necesidad de capacitación a todas las personas que pertenecen a la Policía Municipal para evitar abusos de autoridad que se configuran como delitos. Los prejuicios subjetivos no pueden disfrazarse de “seguridad”.

A la Fiscalía General del Estado de Yucatán: Investigar el caso de manera pronta, expedita y de acuerdo a los más altos estándares en materia de derechos humanos y judicializar a quienes resulten implicados en el asesinato del joven, tanto por los elementos de la Policía Municipal de Mérida, como para las probables negligencias y tratos discriminatorios por homofobia por parte del personal médico del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, con especial atención por parte del director, Dr. Marco Antonio Cetina Cámara, para que contribuya con las investigaciones y se localice al médico responsable que cuestionó la orientación sexual de José Eduardo por encima de brindar los servicios de salud con los que incumplió con su labor y ética profesional.
A la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida y al Consejo contra la Discriminación de la Diversidad Sexual: Que gestiona que se pronuncien ante estos abusos y rindan cuentas sobre lo que han trabajado y falta por hacer para erradicar la discriminación por homofobia y transfobia en Mérida.
A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán: Que se pronuncie sobre lo ocurrido el pasado 21 de julio sobre violaciones a los derechos de José Eduardo, por la detención arbitraria, daños a su integridad personal, dignidad humana, salud y pérdida de la vida. Así como en otros casos, que al igual que el crimen de José Eduardo no son hechos aislados.

José Eduardo, como lo comentaba su madre, no se identificaba como miembro de la comunidad LGBTQ+, pero que haya sido percibido como tal, fue, sin duda, un factor que influyó en su asesinato. Tan solo tenía cuatro meses de haber migrado a esta ciudad en búsqueda de una vida más próspera y segura que en su natal Veracruz.
—¡Basta de LGBTfobia!, ¡Basta de xenofobia!, ¡Basta de toda clase de discriminación! Mérida es de quien vive en ella. Todas las personas merecen trato digno y con respeto a sus derechos humanos.
Exigimos justicia para José Eduardo y para las personas que día con día sufren inseguridad e injusticias a manos de quienes, se dice, dan seguridad.
Opinaron que la ciudad no estará segura ni la ciudadanía confiará en la policía hasta que se garantice que los cuerpos policiacos son, realmente, figuras de protección y seguridad.