Por Luis Hevia Canto
El pasado 23 de septiembre, integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) instalaron un plantón en el zócalo de la Ciudad de México con el objetivo de exigir la renuncia del Presidente. Perseguir este fin parecía inviable hace algunos meses, pero hoy tiene sustento debido a la situación por la que atraviesa el país. El protagonismo que adquirió esta agrupación civil en el último par de semanas le ha generado críticas por parte de algunos sectores, pero es importante recordar que su esfuerzo contribuye al desempeño de un rol imprescindible para la dinámica democrática nacional: la oposición.
Se comenzó a escuchar de este grupo ciudadano a principios de año, y en los últimos días de mayo organizaron su primera caravana como esfuerzo de protesta. La demostración fue replicada en distintos estados gracias a la respuesta que tuvo la convocatoria.
En vez de enfocarse a una temática en específico, los mensajes de FRENA se abocaban a señalar distintas decisiones controversiales de Andrés Manuel, y su postura ideológica, para demandar su dimisión. Esta estrategia les resultó un tanto contraproducente, pues restaba validez a argumentos contundentes, como el señalamiento de la absolución a Manuel Bartlett, por criticar también acciones propias de un gobierno con una perspectiva distinta, como el programa “Jóvenes construyendo el futuro”.
Cabe destacar que en el México “pre-pandemia” no había una perspectiva objetivamente fatalista del devenir del país. Existían personas quienes, por fobias o filias políticas, pronosticaban un panorama catastrófico para México, pero no había algún sustento real que indicara una crisis generalizada. Es cierto, comenzaban a compartirse pronósticos negativos relativos a la economía, pero se podía argumentar que correspondían a un nuevo enfoque de gobierno encaminado a redistribuir el poder.
Esto le generaba una mala imagen a FRENA ya que, al no defender un fin específico, parecía un grupo ciudadano sin madurez política, el cual no quería aceptar una administración electa democráticamente con prioridades distintas a las de ellos.
Ahora bien, las condiciones del país han cambiado de mayo a la fecha, pues parece que la nación se adentra a una de las mayores crisis en su historia.
El gobierno federal no ha podido hacer frente a la pandemia, tal y como muestran las cifras de contagios y decesos, de civiles y trabajadores del sector salud, las cuales se encuentran entre las más altas a nivel mundial. El Modelo Centinela, el cual aparece y desaparece de acuerdo a las necesidades de los voceros, fue construido con base en pronósticos extremadamente favorables que no sucedieron, y sirvió, entre otras cosas, para justificar la poca cantidad de pruebas aplicadas a la población y minimizar el impacto del coronavirus en el país.
De igual manera, el Covid-19 complicó la situación económica nacional. Previo a la pandemia, bancas y calificadoras preveían un escenario complicado en este rubro, pero tras la contingencia el panorama se tornó desolador. Según palabras de Arturo Herrera, secretario de Hacienda, estamos por entrar a la mayor crisis económica desde 1932. Además, el próximo año no tendremos los “guardaditos” presupuestales que este año absorbieron el impacto de la pandemia.
En seguridad cada vez estamos peor. Aumentan los homicidios, feminicidios, las masacres, los secuestros, las extorsiones y la impunidad. Para complicar más la situación, el cuerpo de seguridad pública concebido por el actual gobierno federal, la Guardia Nacional, ha atentado contra la población en distintas ocasiones. Entre los casos más conocidos se encuentra la ejecución en Tamaulipas, la cual fue grabada y difundida en medios, o el asesinato a la campesina que se manifestaba en la presa La Boquilla, en Chihuahua.
Por si todo esto no fuese suficiente, el gobierno federal atraviesa una dura crisis de legitimidad. Con actos como el manejo excesivamente político que le dio al juicio de Emilio Lozoya, el cual terminó perjudicándolo por la difusión del video de su hermano Pío, la rifa del avión presidencial y la evidentemente inconstitucional consulta para enjuiciar expresidentes, López Obrador desgasta su imagen polémica tras polémica. Sus simpatizantes cada vez se quedan con menos armas para defenderlo de quienes lo acusan de llevar a cabo una administración de ocurrencias y disparates.
Todo lo anterior no implica que el presidente vaya a renunciar, pero sí que existen motivos para ello.
El Frente Nacional Anti AMLO no es perfecto, tiene una vena política predominantemente de derecha y a momentos utiliza como estandarte a la religión; sin embargo, al ser uno de los únicos grupos civiles organizados enfocados a señalar los abusos y errores del gobierno, igual reúne a personas de distintas ideologías que buscan expresar su inconformidad con la administración federal.
Sus integrantes no son servidores públicos, entonces no están sujetos a las demandas del pueblo; son ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse sin romper la ley. Lejos de criticarlos y pretender debilitar su esfuerzo, debería ser tomado de ejemplo para consolidar una oposición más diversa y robusta. Si consideramos el desempeño de los partidos políticos como opositores en el último par de años, parece evidente que nuestro sistema democrático necesita fortalecerse en éste sentido, y quiénes mejor que los ciudadanos para ello.