Lucha de trabajadoras sexuales que enoja a la Policía

Lucha de trabajadoras sexuales que enoja a la Policía

Por Herbeth Escalante*

Mérida, Yucatán.-“No por dedicarnos a esto significa que no tenemos derechos, también somos mujeres y nos tienen que respetar”. Estas son las palabras de Verónica, una trabajadora sexual que se hartó de las constantes vejaciones que sufría de manos de la Policía Municipal en las recientes semanas de la contingencia sanitaria.

Junto con otras 15 mujeres que se dedican a esta actividad por el rumbo de San Cristóbal, ha iniciado un proceso legal para tratar de conseguir un amparo que eche abajo el artículo 15 fracción VI del reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno que prohíbe el trabajo sexual en la vía pública, aprobado por el Cabildo de Mérida el año pasado. 

Y están peleando, porque a partir de este cambio normativo y aprovechando la incertidumbre de la pandemia, la corporación policiaca intentó “limpiar” el Centro Histórico de trabajadoras sexuales, pues, a la vista de las buenas costumbres conservadoras, dan una mala imagen a la ciudad.

Detenciones arbitrarias, acoso, hostigamiento, razias, insultos, robos e incluso actos de abuso sexual por parte de policías municipales, es lo que han denunciando dichas mujeres, quienes saben que también tienen derechos humanos; es decir, lo tienen claro, ahora más que nunca.

Son víctimas de la violencia estructural en contra de las mujeres, de un sistema machista que las compra y vende, que las trata como objetos y las cosifica. Se encuentran en una situación económica y social vulnerable y difícilmente podrán salir de este contexto de pobreza y violencia.

Son supervivientes de la explotación y el abuso y, no se puede negar, también hay casos de trata de personas. Ellas mismas lo sostienen, no se dedican a la prostitución por gusto, sino por necesidad, porque no les queda de otra, porque son víctimas del mal llamado “comercio sexual”.

Y aunado a estas lamentables condiciones, fueron perseguidas por la Policía Municipal, que no le importó que esta actividad es su única fuente de ingresos. Además, de acuerdo con testimonios recabados entre ellas, parecía que los uniformados disfrutaban levantarlas, acorralarlas y vejarlas. 

En una ocasión, un policía les gritó que mejor se dediquen a vender empanadas, como si ellas nunca hubieran intentado buscar otra opción para ganarse la vida. “No saben nada de nosotras, no saben que no hemos podido encontrar trabajo de otra cosa, estamos aquí porque no tenemos dinero, porque tenemos que mantener a nuestros hijos, no por gusto”, confesó Verónica.

Porque como muchas otras mujeres, tienen que alimentar a sus hijas e hijos, ya que casi todas son madres solteras y no cuentan con el apoyo de sus familias. Tienen gastos como todo el mundo: la renta, la luz, los útiles de la escuela, los medicamentos. La diferencia es que son víctimas.

La Policía de Mérida no pudo deshacerse de ellas, no pudo “barrerlas” del Centro, ellas seguirán ahí, intentando sobrevivir de la violencia machista. Y no, no es “romantizar la prostitución”, se trata de evidenciar una realidad social y de ser empáticos con este grupo vulnerable.

En pocos días consiguieron que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán emita medidas cautelares para que la Policía las deje de molestar. Luego, la Jueza Tercera de Distrito concedió una suspensión provisional para que la corporación no las pueda detener arbitrariamente y, recientemente, una suspensión definitiva para que no se aplique el artículo 15 del mencionado reglamento municipal.

Si prevalece la ruta de la defensa de sus derechos y bajo la premisa de que ejercen un trabajo lícito, estas 16 mujeres podrían ganar el amparo que está en revisión, superando dicha disposición normativa que califica su actividad desde un punto de vista meramente moral y que por lo tanto, ignora el contexto de discriminación, violencia, inseguridad, abuso y falta de oportunidades en la que viven. 

Ahora, cuando salen de sus casas a temprana hora para ir a trabajar, guardan en sus bolsas o carteras una copia del documento de suspensión firmado por la jueza, para que los policías no se atrevan a violentarlas.

Comunicólogo social y periodista ruidoso*