Perjuicios a terceros en los servicios judiciales. La diputada Carmen González afirma que sí se cumplió con lo que mandata la Constitución en la materia
Por Rafael Gómez Chi
Mérida, Yucatán, 7 de diciembre de 2021.- Miembros del Sindicato Único de Trabajadores, Profesionistas, Administrativos y Manuales del realizan desde esta mañana un paro de labores en las instalaciones del Poder Judicial del Estado para reclamar, de nuevo, un alza salarial del 7 por ciento.
Según informaron, la manifestación se debe a la negativa de la mayoría de las y los diputados de Acción Nacional se negaron a incluir ese porcentaje en el presupuesto asignado para el año 2022, el cual, por cierto, ya fue aprobado en comisiones en el seno del Poder Legislativo.
El paro de labores, que de acuerdo con el Poder Judicial del Estado es al margen de la ley, ha perjudicado a numerosos usuarios de los servicios de esas instancias desde la semana pasada. Además, hay cierta inconformidad manifiesta entre los miembros del sindicato que dirige Renán Puc Chi, la cual se ha mostrado en redes sociales.
La diputada Carmen González Martín dijo ayer en la sesión de la Comisión de Presupuesto que el aumento al presupuesto del Poder Judicial fue del 3,7 por ciento anual y ademas se asignan 97,6 millones adicionales, que es un total de más del 18 por ciento como transferencia para servicios personales.
La legisladora panista aseguró que dicho aumento está por encima con lo estipula la ley que es del dos por ciento.
“El presupuesto asignado para el 2022 para el Poder Judicial fue de 633.8 millones de pesos, 212 millones de pesos por encima del dos por ciento del gasto programable de libre disposición y 22 millones de pesos más que lo presupuestado para el 2021, es decir, si se cumple con el artículo 64 de la Constitución.
Por su parte, entrevistado en el Palacio de Gobierno sobre los paros laborales, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Ávila Heredia, llamó a los trabajadores y a sus dirigentes a evitar perjuicios a terceros.
“No es una huelga, no es un paro, son formas de manifestarse de los trabajadores y que no llegan a ningún procedimiento legal. Ojalá, y así lo expreso ante ustedes, que el Congreso del Estado analice la necesidad de incrementar el salario de los trabajadores, independientemente de las necesidades de edificios no asegurados, lo fundamental es el incremento salarial”.
El Poder Judicial contempló un incremento salarial del 7 por ciento para los trabajadores, recordó y sobre las declaraciones de la diputada González Martín dijo desconocerlas.