Gobierno del Estado pedirá presupuesto de 42 mil 635 millones de pesos para 2022

El Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto aprueba dicha cantidad en sesión celebrada hoy

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 23 de noviembre de 2021.- El Gobierno del Estado solicitará al Congreso local un presupuesto de 42,635 millones de pesos para el 2022, cifra a la que hoy le dio su visto bueno el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, en el que convergen representantes de asociaciones, cámaras empresariales, colegios de profesionistas y demás.

El Ejecutivo estima tener Ingresos mejores que este año para 2022, tanto en Participaciones como en Aportaciones, pero no alcanzan los niveles de 2018, y en Convenios Federales, la reducción es de casi 6,000 millones de pesos de aquel año a la fecha.

De acuerdo con este plan, en el periodo entrante, Yucatán tendrá 22,398.4 millones de pesos en Ingresos de Libre Disposición y 20,237 millones en Ingresos Etiquetados, conceptos que suman 42,635 millones.

Por el lado de los egresos, se proyectó 42,635 millones de pesos, es decir, se presentó una propuesta balanceada entre ingresos y egresos, y sus premisas son tomar como base el techo presupuestal de 2021, mantener la política de austeridad, seguir la disciplina fiscal y el equilibrio financiero, impulsar la reactivación económica y fortalecer la red de protección social, salud, educación y seguridad.

En el gasto total por sector destaca el de reactivación económica con 3,038.9 millones, el de mayor cantidad en 3 años, ya que son prioridades fortalecer el ingreso familiar y mejorar las condiciones de vida de los yucatecos.

Además, se continuará con la política de no aumento salarial para mandos medios y altos de la administración pública. La inversión pública crecerá 133%, con 409.1 millones de pesos, y los municipios también serán favorecidos con 6.1% más, un presupuesto de 7,586.3 millones.

El Gobernador Mauricio Vila Dosal dijo que será un presupuesto austero que “se manejará con responsabilidad y eficiencia para hacer rendir los recursos, y su objetivo será atender prioridades, con un mayor impulso a la reactivación económica y la protección social, en beneficio de las familias yucatecas, en especial las más vulnerables”.

La titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, recordó que desde 2018 Yucatán ha tenido reducciones en sus ingresos de libre disposición, que son los recursos que dan margen de operación para realizar obras y acciones en beneficio de los yucatecos, de manera que el monto de aquel año fue 24,102 millones y, en este, fue apenas 18,975 millones, es decir, se tiene una drástica reducción de 5,127 millones, lo que representa un 21% menos que hace tres años, cuando hoy, las necesidades son mayores.

Precisó que el Gobierno se vio en la necesidad de reducir el gasto administrativo de forma considerable y aplicar el Plan de Austeridad, lo cual dio muy buenos resultados, pues gracias a estas medidas, se tuvo un ahorro de 1,900 millones de pesos en 2020 y, este 2021, se espera cerrar con 2,291 millones más, todo esto sin afectar la operación y los servicios públicos.

En ese marco, el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernando Ponce Díaz, destacó la excelente labor que la administración de Vila Dosal ha realizado para disminuir en lo posible los gastos y ajustarse a los recursos disponibles para continuar impulsando el desarrollo del estado, por lo que invitó a continuar con este trabajo.

Por su parte, Álvaro Garza R. de la Gala, representante de la sociedad civil en el Consejo, señaló que es prioritario trabajar en el tema de las finanzas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey) y tomar las medidas necesarias para atender la situación crítica en la que se encuentra.

“Sabemos que este es un problema heredado, realmente es un problema que, si no se actúa pronto en este Gobierno, realmente vamos a pagar las consecuencias de ese mal manejo de administraciones pasadas en los próximos presupuestos de éste y de cualquier otro Gobierno que vaya a solicitar para poder trabajar”, aseveró.

El también expresidente local de Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) indicó que es necesario impulsar una reforma a la ley del instituto para evitar destinar aportaciones extraordinarias al Isstey, lo que significa dejar de hacer obras y acciones en beneficio de los yucatecos.

En su mensaje, Vila Dosal reiteró la disposición de su administración, de mantener abierto el canal de diálogo y escuchar las inquietudes de los principales sectores económicos del estado, para analizar lo que se puede o no hacer y llegar acuerdos, pensando siempre en lo mejor para la población local. “Así seguiremos trabajando, bajo este mismo mecanismo, en lo que queda de mi Gobierno”, apuntó.

Señaló que en Yucatán se está viviendo un panorama muy positivo de recuperación económica y de empleos, por lo que reiteró que, ante los repuntes de casos que se están presentando en diversas partes de Europa, es fundamental no bajar la guardia con las medidas y protocolos sanitarios, así como seguir incentivando la vacunación en las empresas, con el objetivo de seguir protegiendo primero la salud de los yucatecos y que no nos veamos en la necesidad de dar pasos atrás en lo avanzado.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Mérida, Iván Rodríguez Gasque, solicitó retomar las labores sobre el tema de la informalidad, a fin de incrementar la base tributaria.

En la sesión extraordinaria, también estuvieron Omar Zapata Denis, del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán; Amenoffis Acosta, de la Coparmex Mérida; Edgardo Martínez, representante de Canacintra, y los presidentes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Santiago Pérez, y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Raúl Aguilar.

Asimismo, Álvaro Juanes Laviada, coordinador General de Asesores; Jorge Avilés Lizama, encargado de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan); Lizbeth Basto Avilés, titular de la Secretaría de la Contraloría General (Secogey); Alberto Reyes Carrillo, de la sociedad civil, y los rectores de las Universidades Marista, Miguel Baquedano Pérez, y Autónoma de Yucatán (UADY), José de Jesús Williams.