Por Redacción
Mérida, Yucatán, 20 de marzo de 2024.- Las y los diputados aprobaron en comisiones y por mayoría modificar la Constitución local para que sean los magistrados del Poder Judicial del Estado quienes elijan a sus integrantes.
Hasta hoy, los togados son propuestos por el Ejecutivo y deben contar con la aprobación de las dos terceras partes del Legislativo.
Sin embargo, hace unas semanas la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, María Carolina Canto Valdés, envió al Congreso una iniciativa para modificar la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de independencia y autonomía judicial, para que las y los magistrados sean elegidos por el Tribunal.
En entrevista, el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda explicó que sus beneficios es impulsar la carrera judicial de quienes han tenido una preparación profesional y que han ingresado al servicio público en materia de impartición de justicia.
Enfatizó que esto salda una deuda histórica del Poder Legislativo con el Judicial, demostrando que la suma de voluntades de las y los integrantes de las diferentes fuerzas políticas que han trabajado tienen como resultado un producto legislativo a la altura de lo que merecen las y los yucatecos.
“Sobre todo de impartición de justicia, hay que recordar que Yucatán es un ejemplo a nivel nacional en materia de seguridad y ésta no se puede ver vulnerada de ninguna forma”, expresó.
El diputado Rafael Echazarreta Torres presentó una propuesta que determina la ampliación del cargo de los jueces de primera instancia de 4 a 6 años y que puedan ser ratificados si así se considera, la cual fue aprobada.
Posteriormente, se llevó a cabo la sesión de la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal donde aprobaron los proyectos de dictamen de las iniciativas para reformar la Ley de Hacienda de Conkal y las reformas, adiciones y modificaciones a la Ley de Hacienda de Hocabá.
También, se distribuyeron las iniciativas enviadas por el Gobierno del Estado, una para autorizar la donación de dos bienes inmuebles a favor del Instituto de Vivienda del Estado y otra para autorizar la donación de un bien inmueble del patrimonio a favor del Banco de Alimentos de Mérida.