Por Redacción
Mérida, Yucatán, 18 de septiembre del 2023.- El propietario y representante legal de una de la sucursales de la Cervecería de la Patria por la Macroplaza denunció que a poco más de un año del cierre ilegal del establecimiento a cargo de funcionarios de las Servicios de Salud de Yucatán el conflicto parece no tener fin
El problema inició cuando el propietario de la Plaza Polígono, donde se ubica la sucursal, Javier A. P., y de Yunuen Daniela Cazares Soto, intentaron apoderarse del inmueble, por lo que fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán por el delito de fraude bajo la carpeta de investigación UNATD32-GA/002457/2022.
El señor Hiram Alarid, propietario de la sucursal de la cervecería, afirmó hace unos días en redes sociales que el titular de la Subdirección de Control y Fomento Sanitario, Joaquín Efraín Cardeña Sánchez, recibió cien mil pesos de parte de los arriba señalados para clausurar el negocio hace poco más de un año.
De hecho, Cardeña Sánchez ha sido señalado por otros empresarios restauranteros por ser quien encabeza a un grupo de funcionarios públicos de la SSY que extorsionan mensualmente varios negocios con 15 mil pesos para dejarlos operar sin inspecciones.
El Cronista Yucatán conoció recientemente el caso de un centro nocturno ubicado en Circuito Colonias que fue clausurado varios días en el mes de agosto no obstante ya haber pagado la cuota de 15 mil pesos mensuales.
Alarid denunció que Cardeña Sánchez les pidió “amablemente” 150 mil pesos “de mordida” para no proceder con la clausura y entregar los bienes inmuebles para que el negocio pueda operar.
“Jamás accederemos a tal petición, a fin de intentar eliminar los actos de pago de puso y extorsión a los empresarios honestos”, reiteró.
El empresario se comunicó con el periodista para insistir que los activos muebles y propiedad intelectual de esa sucursal Cervecería de la Patria son de su propiedad legal y cuenta con los contratos y facturas correspondientes y que han sido exhibidos ante la Fiscalía del Estado en sus denuncias.
Sin embargo, esos documentos han sido utilizados ilegalmente como monedas de cambio para el pago del acto de corrupción de Cardeña Sánchez y demás funcionarios que insisten con sus amenazas.
Aseguró haber interpuesto varias denuncias ante la Fiscalía General del Estado pero sin éxito, por lo que se vio obligado a recurrir a la justicia federal, pero en el amparo indirecto en contra de la SSY el juez federal en Campeche aún no emite sentencia para el reconocimiento de los bienes inmuebles.
Dentro de las evidencias que se ha difundido en redes sociales se encuentra un video en el que se aprecia a Javier Alonzo Peña, de la empresa ASSO desarrollo inmobiliario, donde los amenaza con clausurar por la venta de drogas. Por ese motivo se solicitó la protección de la Fiscalía.
Después de esas amenazas varios inspectores de la SSY llegaron al establecimiento amenazando a los propietarios de forma prepotente. Cabe anotar que ya han sido acosados por servidores públicos de la SSY y otros el 3 septiembre del 2022, el 7 de enero del 2021 y el 30 de diciembre de 2020.