El Cronista Yucatán
Sorprende la pasividad y preocupa que hayan pasado dos años sin que quede firme la prohibición de «los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género», ¿acaso es la ultraderecha en acción? Nuestro colaborador Ricardo Maldonado espera que pronto se publique y tenga efectos legales la reforma
Por Ricardo Maldonado Arroyo
Mérida, Yucatán, 4 de agosto de 2023.- Estamos próximos a conmemorar dos años de la aprobación de las reformas legales que reconocen el matrimonio igualitario en Yucatán, no es menos importante recordar que aquel 25 de agosto de 2021 el Congreso del Estado también aprobó modificaciones al Código Penal con la intención de prohibir los esfuerzos para “corregir” la orientación sexual y la identidad de género (Ecosig).
Estos esfuerzos se traducen en prácticas psicológicas, psiquiátricas y religiosas basadas en la premisa de que las personas homosexuales, bisexuales, transgénero, transexuales y no binarias presentan una condición no natural o anómala que es posible modificar.
En una resolución publicada en 2021, la Asociación Americana de Psicología declaró que los Ecosig atentan contra los derechos y la dignidad de las personas, son contrarias a los principios éticos que deben guiar a profesionales de la salud mental y se cuenta con suficiente evidencia científica para afirmar que pueden tener efectos perjudiciales como comportamiento suicida, depresión, angustia, ansiedad, niveles bajos de satisfacción con la vida, desorientación, confusión, entre otros.
Con la finalidad de prohibir tales prácticas, el Congreso de Yucatán votó en pleno por la iniciativa de decreto por el que se adiciona el capítulo VI Bis denominado “Terapias de Conversión” que contiene el artículo 243 Ter 1 del Código Penal del Estado de Yucatán. Propuesta por el diputado del PRI, Felipe Cervera Hernández, y aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso, establecía la siguiente adición:
“Art. 243 TER 1.- Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión y de cien hasta doscientos días multa a quien imparta, obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona terapia, método, tratamiento o actos tendientes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión o manifestación de género de la víctima mediante violencia física, moral o psicoemocional que atenten contra la dignidad humana, aunque no cause daño físico o angustia psicológica”.
La pena se duplicaría si se tratara de “madre, padre, tutora o tutor, curador, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra o ministro de culto”, y una mitad más cuando a quienes se apicaran tales “tratamientos” fueran “menores de edad, incapaces, adultos mayores, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse”.
El anuncio de la reforma legal fue recibido con beneplácito por miembros de la sociedad civil y colectivos LGBTI que han promovido en años recientes la prohibición de las mal llamadas “terapias” de conversión. Beneplácito que se ha tornado en duda y desconcierto al revisar el texto actual del Código Penal y constatar que la adición al artículo 243 Ter 1 nunca se llevó a cabo. Tampoco el decreto fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
A casi dos años de que el Congreso votara para colocar al estado entre las primeras entidades en prohibir los Ecosig resulta preocupante que se hayan detenido los procedimientos administrativos subsecuentes. Cuáles han sido los impedimentos, quiénes son las personas que debieron ocuparse de su publicación y los motivos de semejante omisión, son asuntos que las autoridades deben aclarar de inmediato y, sobre todo, corregir. Sin la publicación en el mencionado Diario Oficial, el decreto aprobado no tiene efectos jurídicos. Haciendo un lado las suspicacias que puede despertar un “olvido” de esta índole, me permito llamar la atención al respecto esperando que pronto pongan manos a la obra. Es necesario y urgente penalizar los Ecosig en Yucatán y en todo el país. Sin olvidos, sin omisiones ni dilaciones.
