El ombudsman Miguel Sabido Santana presenta su informe y aparecen seis municipios entre la lista de las 10 autoridades más señaladas por los quejosos
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 22 de febrero de 2023.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) informó que seis Ayuntamientos yucatecos se ubicaron dentro de las diez autoridades más señaladas por los quejosos además de que a lo largo del año pasado recibieron en total 2,793 peticiones de intervención, de las cuales 1,359 fueron canalizadas a instancias correspondientes, 950 fueron integradas como expedientes de gestión y 305 como quejas.
Al rendir su informe ante el Poder Legislativo, el ombudsman Miguel Oscar Sabido Santana detalló que los Ayuntamientos de Progreso y Kanasín se ubicaron en el tercer y cuarto lugar de la lista de autoridades con más señalamientos.
La lista la encabezan la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, en el quinto sitio se ubica la Secretaría de Educación estatal, y le siguen, en orden descendente el Ayuntamiento de Umán, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los Ayuntamientos de Mérida, Ticul e Izamal.
El documento del Informe Anual de Actividades del año 2022 fue entregado en Sistema Braille, así como de manera digital en lengua maya, a fin de que sea accesible para cualquier persona que desee consultarlo.
Ahí se da a conocer que en el periodo reportado el organismo autónomo registró, derivado de las quejas recibidas, un total de 902 hechos violatorios de derechos humanos, clasificados en 65 causas, de las cuales las más recurrentes fueron, en primera instancia, la prestación indebida del servicio público, seguido de detención arbitraria, lesiones, violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad, y amenazas.
Sesenta y ocho autoridades fueron señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos, siendo las corporaciones policiacas estatal y municipales, autoridades educativas y sanitarias, las más señaladas.
Además, fueron dictadas 220 medidas precautorias y cautelares a un total de 60 autoridades, con el fin de evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos reclamados o que pudieran causar daños de dificil reparación a las personas afectadas.
La Codhey también realizó 57 diligencias relativas al incidente de presentación de personas, para su búsqueda y localización, y presentó 22 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por actos que, además de ser presuntas violaciones a derechos humanos, constituían posibles hechos delictivos.
En el año 2022 fueron emitidas 41 recomendaciones dirigidas a un total de 19 autoridades, de las cuales la mayoría ha sido aceptada. Además, un total de 113 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados, producto de las investigaciones del organismo autónomo.
De forma adicional, se realizaron un total de 256 supervisiones en establecimientos públicos estatales y municipales destinados para la detención preventiva, custodia, aplicación de medidas y reinserción social; hospitales, asilos, albergues, centros de salud y de asistencia social; centros de tratamiento, atención o internamiento de niñas, niños, adolescentes, de personas con discapacidad psicosocial, de personas que viven con VIH o sida y demás en situación de vulnerabilidad.
Se realizaron un total de 9,438 diligencias con el propósito de notificar oficios, ratificar quejas, realizar investigaciones, llevar audiencias de conciliación, emitir Recomendaciones y gestionar su aceptación y/o cumplimiento, entre otros. De igual manera y el fin de vigilar el respeto y garantía de los derechos fundamentales, se participó como observadores en marchas, manifestaciones y audiencias públicas, así como en las mesas para la Construcción de la Paz.
Sabido Santana precisó que más allá de cifras y datos, se ha incrementado la cultura de respeto por los derechos humanos en la entidad.
Indicó que el mérito es de quienes desinteresadamente han puesto su tiempo y experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos desde la sociedad organizada.
Y prueba de ello es el cambio generado en la política pública, tomando como base el desarrollo sostenible y las necesidades de los más vulnerables y desprotegidos.
«Es innegable la buena voluntad que existe para trabajar en la construcción de puentes para el respeto y la tolerancia, tanto en el ámbito municipal, como en el estatal», señaló en su comparecencia ante el Congreso del Estado.