Ahora con el cambio de titular de la delegación, empresarios yucatecos esperan que se haga justicia. Complicidades de funcionarios de alto nivel
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 10 de enero de 2023.- Una serie de complicidades entre funcionarios que modificaron a su antojo los requisitos para ser proveedor del Instituto Mexicano del Seguro Social dejó a empresas yucatecas de servicios sin contratos en la delegación estatal durante los últimos dos años.
Desde el 2021 y a lo largo del 2022, es decir, bajo la gestión de la ahora ex titular Miriam Victoria Sánchez Castro, las empresas yucatecas de servicios no pudieron acceder a contratos con la Delegación del IMSS porque de un día a otro les exigieron requisitos excesivos que no contempla la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y su reglamento, las políticas bases y lineamientos del instituto.
Desde abril del año pasado algunos medios de comunicación dieron cuenta de la existencia de una presunta red de corrupción operada por Sánchez Cruz y su esposo, Adrián Orduño Yáñez, director administrativo del Hospital de Especialidades de Cardiología Siglo XXI en la Ciudad de México, el ingeniero Padilla Yllescas, así como por otros funcionarios.
Ahora que Alonso Juan Sansores Río fue designado como nuevo titular del IMSS en la Entidad desde el pasado 1 de enero de 2023, varios empresarios que fueron hechos a un lado por esa red de corrupción se acercaron con El Cronista Yucatán para dar a conocer hechos concretos y revivir las denuncias para saber qué curso tendrán.
Sánchez Cruz, Orduño Yáñez, Padilla Yllescas y demás se encargaron de colocar a gente recomendada de la Ciudad de México en los puestos de confianza para que cada vez que algún empresario local intentara proveer a la institución de servicios o materiales, les pidieran cosas que en la plataforma de compras gubernamentales las demás delegaciones no lo solicitan.
Además las contrataciones que sí se llevaron a cabo con compañías foráneas se hicieron con sobre precios. Según la información corroborada en la plataforma de Compranet, los contratos no fueron hechos con las mejores prácticas, sino que fueron a voluntad de las unidades adquisitivas.
Los requisitos excesivos eran para dirigir las licitaciones y adjudicaciones directas a empresas de la Ciudad de México o del Estado de México, lo que los afectados consideran un “grave atentado contra las leyes de transparencia y simplificación administrativa, al no fomentar la libre participación en igualdad de condiciones.
El ciento por ciento de las licitaciones y adjudicaciones directas para la contratación de servicios de mantenimiento a equipos médicos fueron otorgadas a empresas del Estado de México, entre ellas Médica VAL SA de CV, Ingeniería y Electrosistemas SA de CV, Tecnología Industrial Científica SA de CV, Rogain Medical SA de CV y Biomedical Raroch.
Y el ciento por ciento de las obras a compañías como MOSSC, Decoyva, Bausa y MG & B, del Estado de México, Ciudad de México y Tabasco.
Las licitaciones, compras y adjudicaciones se realizaron sin tener en cuenta el artículo 40 del reglamento de la ley correspondiente en el que no se pide el cumplimento de requisitos tan exagerados como presentar la aprobación de la solicitud de autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria emitida por el Instituto Mexicano del Seguro social en cumplimiento del protocolo de Seguridad Sanitaria y los lineamientos del mismo, el cual se otorga a discreción.
También les pedían presentar el Distintivo de Seguridad Sanitaria otorgando por el Instituto Mexicano del Seguro Social, resultado de tener monitores para el retorno saludable y haber realizado su Protocolo de Seguridad Sanitaria ante COVID-19
Pero los empresarios señalan que ese y el anterior no aplican para los servicios, ya que estos se prestan en las instalaciones del instituto, además de que en los servicios que aplicaría no los piden como servicios médicos subrogados que sí se llevan a cabo en instalaciones de los licitantes.