Con 22 votos a favor y dos en contra, pasa la solicitud de 1,735 mdp y 350 mdp del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Mérida, respectivamente. Echazarreta no va porque dice que está enfermo. La priísta Fabiola Loeza vota a favor. Movimiento Ciudadano vota a favor y pide máxima transparencia y participación ciudadana
Por Rafael Gómez Chi
Mérida, Yucatán, 30 de junio de 2022.- Las solicitudes de financiamiento por mil 735 millones y 350 millones de pesos del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Mérida, respectivamente, pasaron hoy sin problemas en el pleno del Congreso del Estado con 22 votos a favor y la sorpresa de la diputada priísta Fabiola Loeza Novelo, quien terminó apoyándolas.
Las diputadas Alejandra Novelo Segura y Jazmín Villanueva Moo, de la bancada de Morena, también votaron a favor, en tanto que su compañero Rafael Echazarreta Torres no asistió a la sesión con el pretexto de encontrarse enfermo.
Echazarreta Torres argumentó desde hace varios días que se contagió de Covid, pero en círculos políticos, incluso de su partido, nadie le creyó y más bien lo tomaron como una especie de desobediencia a su partido.
En la sesión, Movimiento Ciudadano votó a favor de la solicitud de financiamiento del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida con las premisas de máxima transparencia y participación ciudadana en la planeación, administración y ejecución de la obra pública.
La diputada Vida Gómez Herrera dijo que la votación efectuada en el Congreso estatal “define formas de coincidir en beneficio de la ciudadanía, y también identifica las fuerzas políticas dispuestas a construir”.
Indicó que el voto de MC fue definido a partir de reuniones “con grupos de la ciudadanía, con expertos financieros y con el equipo multidisciplinario que conforma la coordinación estatal y municipal de Movimiento Ciudadano Yucatán”, en las cuales “escuchamos inquietudes y cuestionamientos que tienen quienes viven en Yucatán. Sin duda, el concepto y la exigencia más frecuente es: transparencia y participación ciudadana”.
Refirió que el motivo del financiamiento solicitado por los gobiernos estatal y municipal de Mérida tiene coincidencias con la agenda naranja, porque en ambos casos se prioriza la movilidad, que es una de las principales causas que abandera Movimiento Ciudadano y por la cual ha efectuado hasta ahora tres foros de Parlamento Abierto con miras a una Ley de Movilidad.
Sin embargo, destacó que el financiamiento “debe ir acompañado de una vigilancia permanente con participación y conocimiento de la ciudadanía, las autoridades deben informar puntual y públicamente sobre los avances de la inversión, y estaremos muy atentos a que esto se cumpla”.
Recordó que hace unos días las dirigencias estatal y municipal de Movimiento Ciudadano invitaron al presidente municipal de Mérida Renán Barrera Concha a exponer los detalles de su solicitud.
“Es la primera vez en los tiempos modernos que una autoridad de ese nivel en nuestro Estado accede a reunirse con la oposición para discutir acerca de una solicitud de financiamiento. Todo de forma pública. Creemos que ese es el camino para hallar coincidencias sin perder nuestra identidad. De frente a la ciudadanía, nada en lo oscurito, y con resultados que beneficien a las personas y no a los partidos o a las autoridades”, comentó.
Derivado de esa reunión, agregó, se tomaron acuerdos en cuanto a la implementación de mecanismos de vigilancia ciudadana en la aplicación de los recursos, garantizar el desarrollo sustentable de la ciudad y la realización de reuniones de seguimiento y rendición de cuentas. Las autoridades municipales, a su vez, se comprometieron a implementar una aplicación que permitirá monitorear los recursos asignados a cada proyecto de obra pública, así como las licitaciones, asignaciones y avances.
“En Movimiento Ciudadano somos puente entre la ciudadanía y la autoridad. Para criticar, para revisar, para exigir, para denunciar. Y también para coincidir y para impulsar lo que es beneficio de la ciudadanía. Esto es parte del nuevo modelo de participación política que impulsamos, siempre con la mira puesta en lo que la ciudadanía demanda y sin renunciar a nuestro deber como oposición”, dijo.
Vida Gómez resaltó que la representación naranja decidió, “en vez de criticar retóricamente y satanizar un esquema de financiamiento que ya ha sido utilizado en administraciones anteriores, mejor dirigir nuestros esfuerzos para estudiar a fondo las solicitudes y hallar mecanismos que permitan a la ciudadanía vigilar el uso y destino de los recursos que podrían ser autorizados”.
“Sabemos que el futuro es diálogo y construcción, y nuestro camino son las soluciones de futuro. Una oposición que sabe construir, algo que se necesita más que nunca en estos tiempos en que la política en nuestro país está inmersa en un mar de divisiones y de discusiones sin sentido. Una nueva oposición ciudadana”, concluyó.
Por su parte, el diputado Gaspar Quintal Parra dijo que junto con Karla Franco Blanco votó en contra porque argumentó que no existe certeza sobre la rentabilidad económica y social del proyecto del transporte Ie-Tram, además de que acrecentaría el monto de las cargas financieras de otras deudas, y porque el derecho humano a la ciudad no fue ejercido ni tomando en cuenta como eje rector en la política de movilidad que se pretende implementar.
Al hacer uso de la Tribuna del Congreso del Estado, el coordinador de la bancada priísta recordó que desde que tuvieron conocimiento de esta solicitud del Ejecutivo ofrecieron un voto razonado sustentado en la evaluación social del proyecto; la capacidad actual de endeudamiento; y la prioridad del gasto planteado en relación a las necesidades de infraestructura de Mérida y los municipios del interior del estado.
Señaló que en la exposición de motivos de la iniciativa del empréstito no se detalla las obras, acciones y estudios requeridos para el proyecto del Ie-Tram, por lo que se corre el riesgo de iniciar un trámite de endeudamiento sin tener la certeza de que los recursos solicitados serán los suficientes o los necesarios para concluirlo de manera eficiente.
“No se puede medir lo que no se conoce y si no se puede medir, no se puede evaluar la eficiencia, la eficacia y los impactos que tendría dicho proyecto. Consideramos que antes de contratar una deuda, es necesario definir un proyecto con la metodología adecuada que permita evaluar la pertinencia de las acciones y su costo sobre los beneficios, si la intervención pública es o no efectiva; si se ha tomado la alternativa más adecuada; y si existen elementos para prever que se alcanzarán los objetivos planteados”, recalcó.