Y dale con los malos manejos políticos de algo que pudo resolverse fácil, sencillo y rápido, la sanción al Gobernador por delitos electorales
Por Mitsuo Teyer Mercado
Mérida, Yucatán, 11 de febrero de 2022.- Las novatadas cuestan y las que se hacen en el ámbito del derecho electoral arruinan. Lo peor es cuando viene directamente de quienes se suponen se encargan de la vigilancia del marco legal: El Congreso del Estado. El más reciente yerro de primaria consistió en poner en plena glosa y en el periodo del proceso de revocación de mandato, la carísima propaganda gubernamental del Poder Ejecutivo (más los discursos triunfalistas que no abonan a nada) cuando se sabe o se debería saber que esta acción está terminantemente prohibida de acuerdo a la normatividad electoral. Así, se le dio voz a una oposición que ha empezado a articular uno que otro golpecillo, mal dados, pero golpecillos al fin y al cabo.
La culpa es huérfana y nadie la quiso acompañar cuando desde hace rato se debió apechugar un golpe que bien pronosticamos en esta columna: la amonestación por faltas al principio de imparcialidad hacia Vila por sus 40 y tantos tweets. ¡Uy qué malo! ¡Malote! ¡Que épocas aquellas cuando se denunciaban robo de credenciales, entrega de despensas y materiales de construcción para co-accionar el voto! Vale la pena señalar algo: las cuestiones electorales siempre son más políticas que jurídicas. Y desde el 14 de diciembre del año pasado la máxima autoridad electoral del país, la Sala Superior, ya había dado la última palabra para con este caso, al desechar de plano el último recurso jurídico del Gobernador.
En la obviedad, desde esa fecha no había mucho de donde hacerle y no quedaba otro camino más que iniciar el procedimiento correspondiente, lo que al fin ya está haciendo la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, después de un debate bizantino esta semana, provocado por el Secretario del Congreso, Adrián Abelardo Anguiano Aguilar, sobre si se les notificó o no, si sabían o no, que si los plazos y demás. Este tipo de acciones solo generaron más leña al fuego, dando pie al habitual vedetismo de Rafael Echazarreta Torres, quien ávido de reflectores, llamo “Delincuente” a Vila, aunque al diputado morenista le hace falta un poco de lectura de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a lo mejor se le aclaran las dudas sobre términos penales con administrativos.
Aquí, mis caros lectores, es donde se percibe un mal manejo político del asunto, ante una reacción desproporcionada del diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, cuestionando y desacreditando las acciones y declaraciones del Presidente del Tribunal, Fernando Bolio, de manera innecesaria, poco práctica, siendo que en primera instancia la magistrada ponente Lizette Cetz Canche no tocó ni con el pétalo de una rosa al Gobernador y la sanción proviene en esencia de la sentencia federal realizada en la Sala Xalapa, en el juicio SX-JE-165/2021. ¡Qué fácil es echarle la culpa al árbitro electoral! En realidad y con una experiencia de 15 años en el medio lo digo claro: El PAN hasta la fecha adolece de buenos abogados electorales.
De todo esto me quedan varias dudas. ¿Qué conlleva atacar al magistrado que va a resolver la elección 2024? ¿De verdad hay lógica en ir frontalmente contra el secretario general de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales del país? ¿Así, sin razón jurídica alguna? Pareciera que los panistas no han entendido una lección histórica que permanece en el tiempo: si vas contra otro poder, sobre todo el poder judicial hazlo bien, no con balas de salva.
Si por una simple amonestación hicieron semejante despapaye político, si por un petardo se alteraron de tal manera, incapaces de resolverlo pronto y de golpe, queda en evidencia que la Presidencia del Congreso esta distraída en otros proyectos, como diría el Divo de Juárez: “pero qué necesidad, para qué tanto problema”.