El Cronista Yucatán
Por Luis Hevia Canto
El pasado miércoles 14 de octubre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió sobre los fallos que había emitido el Instituto Nacional Electoral (INE) a principios de septiembre. Estos validaban o no el registro como partido político de diversas organizaciones ciudadanas. El tribunal procedió a modificar lo dispuesto por el instituto electoral, y fue criticado pues en el balance general se beneficiaba a tres aliados de la Cuarta Transformación y se bloqueaba a un opositor.
Uno de los partidos que se vio favorecido por las disposiciones del TEPJF fue Redes Sociales Progresistas. El dirigente de esta organización es Fernando González Sánchez, ex-operador político de Morena y yerno de Elba Esther Gordillo.
A principios de septiembre, los consejeros del instituto electoral anularon la mayoría de las asambleas llevadas a cabo por la organización pues identificaron una vasta participación de personas pertenecientes a sectores gremiales, así como pagos a cambio de afiliaciones, lo cual está prohibido por la legislación electoral.
Al conocer del asunto, el tribunal revalidó las asambleas por considerar que no hubo mayores irregularidades, a excepción de una llevada a cabo en Ciudad Obregón pues existían contundentes pruebas respecto a la entrega de dádivas a los asistentes.
No es coincidencia que en la misma sesión se haya confirmado la extinción del Partido Nueva Alianza, organización dirigida de facto por Elba Esther desde su fundación en el 2005. Por cierto, la renovación de registro de Nueva Alianza fue negada precisamente por involucramiento gremial.
Pedro Haces Barba fue otro sindicalista aliado a la 4T que igual se vio favorecido por el TEPFJ. El dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, y senador con licencia de Morena, solicitó el registro de organización denominada Fuerza Social por México para ser considerada partido político.
Al igual que en el caso anterior, el INE había considerado no otorgar el registro pues identificó involucramiento gremial y aportaciones irregulares. Sin embargo, el tribunal las desestimó porque, según su criterio, los miembros identificados con sindicatos no usaron sus recursos gremiales a favor del organismo y las aportaciones irregulares señaladas representaban un porcentaje bajo del presupuesto total.
El INE había definido no conceder el registro a Redes Sociales Progresistas y a Fuerza Social por México, pero el TEPJF optó por modificar la decisión. El caso del Partido Encuentro Solidario (PES), antes Partido Encuentro Social, fue distinto ya que los consejeros del instituto electoral le habían otorgado el registro, y el fallo fue reafirmado por el tribunal.
Militantes del PAN impugnaron la decisión original del INE pues violentaba los preceptos constitucionales del Estado laico. Los consejeros habían admitido estar conscientes de la participación de ministros de culto en las asambleas; no obstante, resolvieron que su presencia fue mínima y no debía ser motivo para emitir una negativa en su contra. Los magistrados coincidieron con esto tras la queja de los panistas.
En otras palabras, sí violaron lo establecido en la Constitución, pero poquito.
Con lo que llegamos a la organización de Margarita Zavala y Felipe Calderón, México Libre. Los consejeros del INE y los magistrados del tribunal concordaron en no otorgarle la calidad de partido político a estos por irregularidades en el financiamiento.
Entre los documentos de fiscalización entregados por México Libre, se reportó poco más de un millón de pesos proveniente de cincuenta donaciones realizadas mediante la aplicación Clip. De acuerdo al INE, este método no estaba autorizado ya que no permitía corroborar la identidad de los donantes. El expresidente Calderón argumentó que en un principio estaba permitido, además el instituto electoral tenía la posibilidad de identificar a quienes aportaron por medio de solicitud a bancos.
Es importante rescatar que la información respecto a inconsistencias en la fiscalización fue presentada momentos antes de la votación en el INE a principios de septiembre por el consejero presidente Lorenzo Córdova a los demás consejeros, y opinó en el acto que el mínimo indicio de financiamiento opaco debería ser determinante para una negativa. Los demás consejeros procedieron a votar sin realizar mayores indagaciones respecto a lo anunciado.
En el TEPJF predominaron dos opiniones: quienes afirmaban que el INE debía usar sus facultades de investigación para confirmar la identidad de los donantes pues solo era necesario saber el nombre completo y RFC, y quienes opinaban que no se debía permitir el incumplimiento de obligaciones de rendición de cuentas bajo el argumento que la autoridad debe investigar. Ganó la segunda postura en una votación pareja, con lo cual se reafirmó la negativa a México Libre.
La rigurosidad presente en el escrutinio realizado a la organización de Zavala y Calderón pudo haber sido motivo de elogios si no contrastara con la laxidad mostrada ante Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y Partido Encuentro Solidario.
En el primer caso se asumió una irregularidad, y el debate versó sobre si se debía corroborar o aceptar como verdadera sin más indagación. Por el otro lado, en el segundo y tercer caso el tribunal desestimó lo indicado por el INE a pesar de los evidentes indicios de involucramiento sindical. Finalmente, en el último caso ambas autoridades electorales decidieron permitir que se violentara el principio constitucional de Estado laico.
Puesto de una manera distinta, un poder autónomo del Estado endureció sus parámetros en contra de un opositor del gobierno y los flexibilizó a favor de tres aliados.
Debo admitir que esto es una interpretación y podría equivocarme, solo podrá ser corroborado cuando se conformen las coaliciones previo al próximo proceso electoral y al ver el sentido del voto de estos nuevos partidos cuando tengan presencia en cámaras. El problema será que para ese entonces la atención colectiva estará postrada sobre el escándalo político del momento, y este aparente abuso de autoridad quedará enterrado bajo encabezados más o menos alarmantes.
