El Cronista Yucatán
Por Luis Hevia Canto
El primer año y medio de la administración de López Obrador se ha caracterizado por la gran cantidad de funcionarios que han renunciado a sus encomiendas.
Éstas dimisiones tienen en común que provienen de sectores o áreas en las cuales el ejecutivo federal le ha quedado a deber al país, por ello se puede afirmar que son un síntoma de las estrategias implementadas para la gestión de temas específicos como economía, salud, seguridad, migración y desmilitarización.
Sin duda, la renuncia más importante ha sido la de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tanto por la importancia de la secretaría que presidía como por su mensaje al partir. Urzúa señaló a la administración federal por haber tomado decisiones de política pública sin sustento alguno, y denunció que personas con gran influencia dentro del gobierno habían impuesto a funcionarios sin preparación profesional. Esto puso en evidencia el oscuro panorama económico pronosticado para el país, el cuál indicaba una inminente recesión incluso antes de la pandemia.
Por otro lado, la primera dimisión mediática dentro del gobierno federal fue la de Germán Martínez Cázares como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. A su salida, compartió un mensaje en los sitios oficiales del instituto explicando que decidió retirarse por los severos recortes presupuestales realizados en el sector salud.También expuso soluciones concretas para mejorar el sistema, las cuales no le permitieron implementar.
Ésta renuncia es una consecuencia más de la deficiente gestión que ha habido en el sistema federal de salud, como también lo es la fallida implementación del Instituto de Salud para el Bienestar, los retrasos en la adquisición de medicamentos para suministrar al país y la incapacidad demostrada para hacer frente al COVID-19.
Si bien es cierto que el gobierno federal ha fallado en materia ambiental, sería inexacto destacar la renuncia de Josefa González-Blanco a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como síntoma de esto, pues renunció tras la difusión en medios de comunicación de un penoso vídeo en el cual se le veía actuar de manera prepotente en un avión comercial.
Sin embargo, considerando que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha atentado en repetidas ocasiones en contra del desarrollo de energías renovables en México, la dimisión de Guillermo García Alcocer como titular de la Comisión de Regulación Energética sí representa un síntoma de la mala gestión ambiental por parte del gobierno federal.
De cualquier manera, todo indica que la partida del actual secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur, es inminente después de la filtración de un audio en el cual se le escucha criticar gobierno federal. El presidente dijo a la prensa que no había tenido tiempo de analizar la dimisión y desde entonces ha evitado el tema, presuntamente para evitar críticas de la oposición, quienes aprovecharon las críticas del secretario para lanzar duros comentarios en contra de su administración.
Las renuncias de Patricia Bugarín a la subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la de Jaime Rochín a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, son síntomas del fracaso de la estrategia de seguridad nacional, pero a decir verdad parecen consecuencias minúsculas considerando que también es un síntoma de éste fracaso la sangre de mexicanos y mexicanas derramada todos los días sobre éste suelo nacional ya empapado y teñido de rojo.
Los intereses de Estados Unidos han sido un factor determinante para establecer la política migratoria del país durante la administración de López Obrador. A finales de mayo del año pasado, Donald Trump pidió al gobierno mexicano tomar acciones para detener el flujo migratorio proveniente de Centroamérica o de lo contrario impondría aranceles a productos nacionales; el ejecutivo accedió a la petición, y movilizó a la Guardia Nacional a la frontera sur.
La administración norteamericana también emprendió acciones para convertir a México en un “tercer país seguro” de facto, lo que implica recibir migrantes rechazados por Estados Unidos a pesar de no contar con la infraestructura necesaria para hacerlo.
Estas nuevas obligaciones impuestas por los vecinos del norte, aunado a limitaciones presupuestales, ocasionaron la renuncia de Tonatiuh Guillén al Instituto Nacional de Migración.
Finalmente, Andrés Manuel López Obrador prometió la desmilitarización de México por años, pero una vez estando en el poder le otorgó facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas para auxiliar en la gobernabilidad del país. Ya no nos referimos únicamente a la militarización presente en las calles desde el sexenio de Felipe Calderón, sino a la que se hace sentir en nuestras instituciones públicas diseñadas para gobiernos civiles, no castrenses. Por este motivo renunció Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien a pesar de ser un fiel seguidor del proyecto del presidente, protestó hasta las últimas consecuencias en contra de la tendencia encaminada a aumentar las facultades del Ejército.
Hace poco más de un año las dimisiones dentro del gobierno federal fueron recurrentes al menos por un par de semanas,justo cuando la administración de Andrés Manuel terminaba su fase de “luna de miel” con la nación, y empezaba a afrontar la realidad con proyecciones económicas negativas y controversias respecto a la redistribución del presupuesto. La partida de Javier Jiménez Espriú demuestra que nuevamente existen condiciones para una nueva oleada de renuncias, pues prevalece la actitud presidencial de priorizar costosas obras como el Tren Maya, y la pandemia hace que sean más delicadas las consecuencias de brindar servicios públicos deficientemente. A fin de cuentas, quienes tendrán que dar la cara a la población molesta y frustrada son los responsables de los órganos gubernamentales.
