El Cronista Yucatán
Nada nuevo bajo el sol
Por José Ricardo Maldonado Arroyo
Mérida, Yucatán, 19 de junio de 2024.- Tras los triunfos electorales de Claudia Sheinbaum como próxima presidenta de la República (con casi el 60% de los votos), de la alianza Morena-PT-PVEM en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados (donde aparentemente obtuvo mayoría calificada) y de Joaquín Díaz Mena como próximo gobernador de Yucatán (con más del 48% de los votos), algunos medios de comunicación y analistas con reputación de personas “expertas”, han denunciado que hubo “elección de Estado” y han insistido en el “peligro” de la “sobrerrepresentación”.
Sin dejar de lado que la concentración del poder es una condición que puede derivar en malas prácticas y decisiones arbitrarias, parece que el propósito de dichos medios y analistas no es cuidar la democracia o el delicado balance de pesos y contrapesos, sino forzar una conexión histórica que pasa por alto cambios importantes respecto al pasado.
Los resultados de las votaciones recientes no significan, necesariamente, un retorno al régimen de partido oficial que todo lo avasalla, incluyendo otros partidos políticos y los tres poderes públicos; tampoco son síntoma de una “elección de Estado”. El contexto de las elecciones de 2024 es distinto, por ejemplo, al contexto de 1976 en que el PRI obtuvo la presidencia de la República con José López Portillo, quien “compitió” como candidato único.
En aquellas elecciones ni siquiera el PAN postuló candidato(a). Los demás partidos carecían de registro oficial, salvo el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), cuya dirigencia decidió respaldar la candidatura de López Portillo. Adicionalmente, el PRI ocupó 63 de los 64 escaños (98%) de la Cámara de Senadores y 196 de los 238 escaños (82%) de la Cámara de Diputados. Como consecuencia de esta notoria concentración del poder, al año siguiente se impulsó una reforma electoral para crear las figuras de senadores y diputados de representación proporcional.
Durante las últimas décadas del siglo XX, la hegemonía del PRI y el fraude electoral constituyeron argumentos que explicaban las aplastantes victorias de dicho partido. Numerosas voces, entre las que sobresalían líderes del PAN, ponían en tela de duda los resultados.
Las elecciones de 2024, en cambio, gozan de la legitimidad y la credibilidad de las que adolecían en el pasado, toda vez que se fundan en un marco jurídico más sólido y, en la práctica, se desarrollan con la participación y vigilancia directa de la ciudadanía. Adicionalmente, la alternancia ha contribuido a desterrar la idea de que siempre ganará el mismo partido político. Sin echar campanas al vuelo, hoy existe en el ánimo de la población mexicana un mayor grado de confianza en el voto.
Afirmar que la futura composición del Poder Legislativo, las elecciones de Claudia Sheinbaum y “Huacho” son consecuencia de errores de cálculo o manipulación de datos, es subestimar la capacidad de decisión de millones de personas que votaron con libertad ejerciendo sus derechos. Afirmar que fue una “elección de Estado” en el que el fiel de la balanza se inclinó por el uso electoral de programas sociales consistentes en apoyos económicos directos, es perpetuar la idea de que las y los votantes son manipulables, ignoran la realidad del país y se guían por la satisfacción de necesidades a corto plazo.
Omitir, a la par, que la presencia en medios locales del gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera Concha, ambos emanados del PAN, no fue menor a la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador es, por decir lo menos, un acto de deshonestidad. De igual forma, hacer de cuenta que las personas en Yucatán eran beneficiarias únicamente de programas federales y guardar silencio respecto a los programas estatales y municipales resta seriedad al análisis.
Por último, hay que cuestionar a los partidos políticos (PRI, PAN, PRD) que hoy hablan de “sobrerrepresentación” por restar importancia al marco jurídico actual asentado en el artículo 54 constitucional, cuya redacción ellos mismo aprobaron y aplicaron sin reservas, y por mostrar una actitud distinta cuando los resultados les fueron favorables.
En 2021, hace apenas 3 años, el PAN obtuvo 14 de las 15 diputaciones de mayoría relativa del Congreso de Yucatán. Si no existieran diputados(as) de representación proporcional, la oposición hubiera sido prácticamente anulada. Renán Barrera Concha fue reelecto presidente municipal de Mérida abanderando al PAN, mismo partido que ganó otros municipios como Kanasín, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid. Todo esto mientras el PAN ocupaba el Palacio de Gobierno.
En aquellos días no recuerdo haber escuchado ni leído voces conscientes y responsables del mencionado partido alertando por la “sobrerrepresentación” o denunciando una “elección de Estado”. Mucho menos vaticinando la gestación de una dictadura local.
Ahora es cuando la oposición, en aras de la tan invocada democracia, debe reconocer que el proceso electoral, sin ser impoluto, refleja la dirección que la ciudadanía quiere dar al gobierno, incluso si esta le otorga escasos márgenes de acción o prescinde de ciertos partidos políticos. La oposición debe contribuir a preservar y fortalecer la incipiente legitimidad y credibilidad del sistema electoral para que nunca más sea el fraude a la voluntad ciudadana uno de sus pilares.
