El Cronista Yucatán
Los ayuntamientos autorizan las licencias de urbanización y deben verificar la infraestructura comprometida por los desarrolladores
Por Rafael Gómez Chi
Los desarrollos inmobiliarios continúan expandiéndose en Mérida, pero en algunos proyectos las cámaras de videovigilancia previstas por la legislación siguen sin aparecer.
El artículo 23 de la Ley de Videovigilancia del Estado de Yucatán establece que los desarrollos inmobiliarios de tipo fraccionamiento deben contar con cámaras como parte de su equipamiento urbano. No se trata de una amenidad opcional.
Un caso visible se encuentra en Santa Fe Norte, de Promotora Residencial, donde pueden apreciarse postes destinados aparentemente a equipos de videovigilancia, pero sin las cámaras instaladas.
La presencia de postes vacíos no demuestra por sí sola un incumplimiento, pues tendría que revisarse la licencia, la etapa de construcción y el proyecto autorizado. Sin embargo, sí plantea una pregunta concreta: ¿las cámaras están pendientes de instalación o el desarrollo fue entregado sin completar esa infraestructura?
Una industria en constante crecimiento
La dimensión del desarrollo inmobiliario en Mérida hace relevante esta revisión. En su informe publicado en agosto de 2024, el Ayuntamiento reportó 292 licencias de uso de suelo para futuros proyectos habitacionales y 904 licencias de construcción en desarrollos de nueva creación, equivalentes a 10,756 viviendas.
También informó la expedición de 130 licencias de urbanización, correspondientes a más de 2.5 millones de metros cuadrados de vialidades con infraestructura en desarrollos públicos y privados.
Además, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda reportó en 2025 que sus empresas afiliadas mantenían 125 desarrollos inmobiliarios en Mérida. Hasta agosto de ese año, las ventas de vivienda en Yucatán habían generado una derrama estimada superior a 5,700 millones de pesos.
En una industria que moviliza miles de millones de pesos, la instalación del sistema de videovigilancia no debería tratarse como un gasto imprevisto. Es infraestructura que debe contemplarse desde la planeación y autorización del proyecto cuando resulte legalmente exigible.
¿Cuántas cámaras debe tener cada desarrollo?
La ley no fija una cámara por cada determinado número de viviendas. La cantidad y ubicación deben calcularse considerando la extensión territorial, población estimada, vialidades, accesos, áreas comunes, incidencia de emergencias y cobertura policial.
El desarrollador presenta el proyecto ante la autoridad de seguridad pública competente, que puede aprobarlo, modificarlo o rechazarlo conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Seguridad Pública.
¿Quién debe supervisar?
La responsabilidad recae principalmente en los ayuntamientos, porque la autoridad municipal expide las licencias de urbanización y debe verificar que se construya la infraestructura autorizada.
La aprobación del sistema corresponde a la autoridad municipal de seguridad pública. La SSP interviene cuando el municipio ha transferido al Gobierno estatal, mediante convenio, la función de seguridad pública o específicamente la de videovigilancia.
Ante el crecimiento inmobiliario, sería pertinente que los municipios informaran cuántos proyectos tienen sistemas aprobados, cuáles ya fueron verificados y qué seguimiento reciben aquellos donde las cámaras continúan pendientes.
La obligación está en la ley. Lo que falta es comprobar si las cámaras existen únicamente en los planos o si realmente fueron instaladas y funcionan.
