El Cronista Yucatán
Por Rafael Gómez Chi
La carretera a Progreso volvió a recordarnos, de la peor forma, que la velocidad no perdona. Dos personas murieron en un choque brutal y, casi al mismo tiempo, en redes sociales apareció el reclamo que ya se venía incubando desde hace meses: que los arrancones clandestinos eran un riesgo anunciado y que la intervención de la autoridad se había pedido antes de que llegara la tragedia. Ese punto no debe ignorarse, porque cuando la sociedad repite “ya se veía venir”, no está hablando sólo del accidente: está hablando de una falla acumulada. Medios locales reportaron precisamente esa lectura pública del hecho, vinculándolo con los llamados “miércoles de arrancones” en la Mérida–Progreso.
Pero también conviene mirar el problema completo. La Guardia Nacional sí tiene funciones de vigilancia y prevención en carreteras federales, y su Informe Anual de Actividades 2025 reporta 106,582 acciones operativas para vigilancia e inspección en esos tramos. El problema es que hoy esa corporación carga prioridades nacionales mucho más pesadas: operativos contra cárteles, despliegues de alto riesgo y hasta bajas recientes en acciones encabezadas por la estrategia federal de seguridad. En febrero, por ejemplo, al menos 25 elementos de la Guardia Nacional murieron tras un operativo federal contra el CJNG en Jalisco. Eso ayuda a explicar por qué, en estados como Yucatán, la vigilancia vial termina viéndose menos como prioridad estratégica y más como una tarea secundaria.
Y ahí es donde la presión termina cayendo sobre la SSP de Yucatán. No necesariamente porque la carretera federal sea su competencia principal, sino porque en la práctica el primer rostro que ve la ciudadanía en una emergencia sigue siendo el estatal: patrullas, ambulancias, bomberos y atención inmediata. En Yucatán, además, la propia comunicación oficial del gobierno sigue presentando a la SSP como eje visible de respuesta, prevención y atención de emergencias, por lo que buena parte del costo operativo y político también recae en ella, aunque el problema de fondo sea más amplio que una sola corporación.
Ahora bien, sería cómodo dejar toda la culpa en la autoridad. Pero no se puede perder de vista la otra mitad del problema: la educación en casa. Hay jóvenes con acceso a vehículos de altísimo desempeño, capaces de alcanzar velocidades absurdas en segundos, que manejan con la sensación de que el dinero compra impunidad, de que la carretera es pista y de que cualquier límite es para otros. Ahí también hay una pregunta incómoda que no debería esquivarse: ¿dónde quedaron los padres, la formación, la contención y el sentido básico de responsabilidad? Porque antes de la autoridad, antes de la multa y antes del operativo, está la idea que se siembra en una familia sobre lo que significa tener un volante en las manos.
Por eso la salida no puede reducirse a una sola consigna. Sí, habrá quien pida reabrir o habilitar espacios formales para la velocidad, como X’matkuil, y el argumento no es absurdo: sacar de la carretera parte de esa pulsión puede ayudar. Pero ni una pista reglamentada borra el riesgo, ni la regulación sustituye el criterio. La Fórmula 1 lo demuestra todos los fines de semana: aunque haya casco, barreras y protocolo, el último responsable sigue siendo quien acelera. El problema no es sólo dónde corren; el problema es la cultura con la que se suben a correr.
Yucatán haría mal en engañarse. No basta con decir que esto pasa porque la Guardia Nacional está ocupada en otras batallas, ni basta con cargarle todo a la SSP, ni basta con culpar a los jóvenes como si hubieran aprendido solos a desafiar la muerte. Aquí hay una mezcla peligrosa de vigilancia insuficiente, capacidad federal concentrada en la guerra nacional y una permisividad social que a veces confunde solvencia con licencia para destruirse. Si de verdad queremos que esta tragedia no quede como una más en la hemeroteca, habrá que exigir mejor control en carretera, sí, pero también más autoridad en casa.
