El Cronista Yucatán
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 25 de julio de 2025.- Autoridades en Yucatán investigan una presunta red de despojo patrimonial en la costa del estado. El notario Carlos M. L., titular de la Notaría 122, aparece como el principal operador jurídico. Fuentes confirman que su función consistió en otorgar certeza legal a transacciones inmobiliarias con irregularidades, facilitando la transferencia de predios de alta plusvalía a particulares ligados a grupos de poder económico.
Testimonios indican que la Notaría 122 sirvió para “blanquear” la apropiación de terrenos en disputa. Este proceso podría llevar a la revisión de la patente notarial de Carlos M. L. Las denuncias destacan un patrón de cambios irregulares en la titularidad de predios, seguidos por procesos notariales que aparentan legalidad.
El caso tiene raíces en años anteriores, cuando Mario Peraza, exdiputado federal del PRI por el Distrito 2 de Yucatán y exdirector del Catastro estatal durante el gobierno de Rolando Zapata Bello, habría participado en la reconfiguración registral de terrenos. Estas acciones permitieron maniobras de compraventa que ahora están bajo escrutinio.
Según las denuncias, habría utilizado su influencia para permitir «maniobras legales» que beneficiaron a un grupo reducido de personas con poder económico, permitiendo la apropiación irregular de predios valuados en millones de pesos. Su presunta participación en estos hechos lo coloca como una de las figuras centrales en la investigación que actualmente analizan las autoridades estatales y federales.
Afectados entregaron documentación a las autoridades estatales y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Solicitan anonimato debido a la sensibilidad del caso. Las denuncias señalan que los predios costeros, de alto valor económico, fueron transferidos mediante procesos cuestionables.
Una imagen reciente, integrada al expediente, muestra a varios señalados en un terreno en disputa. En la escena aparecen Javier A. R., denunciado por amenazas; Oscar P., presunto beneficiario; Carlos O. R., grabando con celular; Paul R. N., con brazos cruzados; y José R. M., también grabando. Esta evidencia fortalece las acusaciones.
El caso podría llegar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tras solicitudes de legisladores y organizaciones civiles. La resolución probará la capacidad institucional para desmantelar redes de poder que han operado durante años en el estado.
