El Cronista Yucatán
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 27 de febrero de 2025.- La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), María Guadalupe Méndez Correa, presentó el Informe Anual de Actividades 2024 ante el Congreso del Estado. En su discurso, destacó la necesidad de abordar temas prioritarios como la salud mental, la violencia obstétrica, la discriminación por diversidad sexual y las violencias contra mujeres y niñas.
Méndez Correa hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad a emprender un camino hacia la paz y la justicia social. Subrayó que la violencia no es la respuesta y que la Codhey tiene una deuda histórica que saldar. «La omisión, soberbia y displicencia han dejado de estar presentes. Ahora nuestra bandera es trabajar hasta que la justicia se sienta entre todas las personas», afirmó.
El informe incluyó los resultados del Diagnóstico de Derechos Humanos, realizado en colaboración con más de 90 organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones locales e internacionales, y grupos de atención prioritaria. Entre los puntos destacados, se mencionó la necesidad de triplicar los esfuerzos para prevenir actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La titular de la Codhey también resaltó la importancia de fortalecer la libertad de expresión y la protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Además, señaló que Yucatán enfrenta un problema estructural en materia de salud mental, que requiere políticas públicas integrales para abordar el suicidio y la depresión.
En cuanto a la violencia obstétrica, Méndez Correa expresó preocupación por el aumento de casos y la desaparición de prácticas ancestrales como la partería maya. Recordó que Yucatán ha sido cuna de luchas feministas históricas y que la salud sexual y reproductiva de las mujeres sigue siendo una deuda pendiente.
El informe también abordó la necesidad de garantizar los derechos de las familias diversas y las personas LGBTI+, así como de impulsar acciones para proteger a quienes viven con VIH o sida. Además, se pidió abandonar el enfoque asistencialista en la atención a personas con discapacidad y adoptar un paradigma basado en los derechos humanos.
En 2024, la Codhey atendió a 2 mil 019 personas a través de su Oficialía de Atención a Quejas y Orientación. Se emitieron 152 medidas cautelares y precautorias, de las cuales 88 fueron aceptadas. Las quejas más recurrentes fueron contra la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Educación.
La Ombudsperson informó que, durante su gestión, se emitieron 16 recomendaciones dirigidas a 17 autoridades para avanzar en la resolución de casos rezagados. También se realizaron visitas a cárceles en los 106 municipios, identificando condiciones críticas en centros penitenciarios como los de Izamal, Tixméhuac y Río Lagartos, entre otros.
En materia de capacitación, la Codhey formó a 35 mil 671 personas en temas de derechos humanos a través de conferencias, cursos y otras actividades. Además, se crearon nueve programas especializados para la atención de grupos prioritarios, como personas indígenas, LGBTI+ y personas con discapacidad.
Méndez Correa destacó que, gracias a un plan de austeridad, se lograron ahorros significativos en gastos como telefonía celular, gasolina y alimentos. Estos recursos permitieron renovar el parque vehicular de la Codhey después de 16 años.
Finalmente, la presidenta de la Codhey reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y llamó a las autoridades a trabajar de manera coordinada para garantizar la justicia y la igualdad en Yucatán.
