El Cronista Yucatán
La Federación hará pesquisas por el delito de tortura. Renán Barrera manda misiva al Presidente de la República y demás autoridades
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 17 de agosto de 2021.- La Fiscalía General de la República informó que inició una carpeta de investigación, radicándola en la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura en el caso de José Eduardo Ravelo Echevarría.
En un escueto comunicado la FGR dijo que es en atención “a la relevancia y trascendencia social del caso de las agresiones y muerte de una persona en la ciudad de Mérida, Yucatán, y a las diversas denuncias presentadas al respecto”.
El boletín no precisa que la investigación se hará sobre la actuación de la Policía Municipal de Mérida y en específico a cuatro de sus elementos que fueron señalados como presuntos responsables de los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada.
Asimismo, la FGR informó que se ha solicitado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán, la información respectiva para coordinarse con dichas autoridades en el esclarecimiento de los hechos señalados.
Personal pericial especializado y de investigación policiaca federal, se trasladará de inmediato a esa entidad para iniciar las diligencias que sean procedentes.
La Fiscalía General de la República mantendrá informada a la comunidad sobre los resultados que se vayan obteniendo al respecto.
Dicha instancia interviene luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en sus conferencias mañaneras que iba a intervenir para hacer justicia a José Eduardo. Como los delitos son del fuero común, el único en el que pudo intervenir la federación es en el de tortura.
Al respecto, la Comuna meridana informó que en sendos documentos enviados hoy a distintas autoridades del país, encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, reitera la total disposición del Ayuntamiento para colaborar con todas las autoridades administrativas y judiciales para el esclarecimiento de la muerte del joven J.E.R.E., ocurrida en esta ciudad.
En la misiva, el Concejal subraya que desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos giró las instrucciones pertinentes a las dependencias de la administración pública municipal para colaborar y atender cualquier requerimiento administrativo o judicial del caso.
Señala que, como lo ha hecho con las autoridades estatales, el Ayuntamiento suministrará en el momento en que sea requerida, cualquier información que ayude a lograr el esclarecimiento de este lamentable caso, tal y como se encuentra previsto en el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Además, subraya que como autoridad municipal, ha sido y será respetuoso del proceso de investigación que encabeza la Fiscalía General del Estado de Yucatán y destaca que es deseo de la sociedad meridana en su conjunto llegar a la verdad de los trágicos hechos denunciados.
Como es de todos conocido, puntualiza, el proceso penal aún se encuentra en la etapa inicial de investigación, por lo que también me permito hacer un atento llamado a todas las autoridades a conducirse con responsabilidad, respetando en todo momento los principios que rigen el proceso penal acusatorio señalados en el artículo 214 del ordenamiento legal ya señalado.
Barrera Concha también afirma en la carta que ya giró las instrucciones necesarias a las dependencias responsables de la administración pública municipal, para que, en su oportunidad y en el marco de sus competencias, colaboren con cualquier instancia del ámbito nacional o estatal o con cualquier otra autoridad facultada para intervenir en el caso que nos ocupa, garantizando de esta manera, que el Ayuntamiento de Mérida pondrá a disposición todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios, así como los medios de prueba con los cuenta, para lograr una adecuada impartición de justicia.
Además del Presidente de la República, la misiva está dirigida a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional México.
