El Cronista Yucatán
Lo verificable existe; lo interpretable también. El problema es cuando se confunden y se vuelven propaganda.
Por Rafael Gómez Chi
Mérida, Yucatán, 3 de enero de 2026. — La madrugada de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación militar en Venezuela que culminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa, tras ataques en Caracas y otros puntos del país. Medios internacionales han reportado que la operación incluyó bombardeos sobre objetivos militares y un asalto de fuerzas especiales, y que Maduro fue trasladado bajo custodia a bordo de un buque de guerra estadounidense. 
El impacto inmediato rebasó lo simbólico: la FAA cerró espacio aéreo en el Caribe por “riesgos a la seguridad de vuelo” vinculados a actividad militar, provocando cancelaciones masivas de aerolíneas estadounidenses.  En paralelo, se detonó una reacción diplomática de alto voltaje: Brasil habló de una “línea inaceptable”, España advirtió que no reconocerá una intervención contraria al derecho internacional, y otras capitales pidieron respeto a la Carta de la ONU. 
Hasta aquí, el terreno de lo reportado. A partir de aquí, el terreno de las “teorías”: no necesariamente conspiraciones, sino marcos interpretativos que compiten por explicar por qué Washington se movió como se movió y qué pretende conseguir. En una crisis de esta magnitud, la responsabilidad editorial es distinguir entre lo que está documentado y lo que es lectura política.
La primera teoría —y la más “oficial” porque tiene expediente— es la judicial: el argumento de que Maduro no es solo un actor político hostil, sino un acusado penal. En 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció cargos contra Maduro y otros funcionarios por presunto “narco-terrorismo”, tráfico de drogas y otros delitos.  En 2025, el Departamento de Estado elevó la recompensa del programa Narcotics Rewards por información que conduzca a su arresto y/o condena, hasta 50 millones de dólares.  Bajo esa lógica, la captura sería el cierre operativo de una ruta jurídica que llevaba años abierta. El atractivo de esta explicación es su aparente pulcritud: “no es intervención, es aplicación de la ley”. El problema es que la ejecución —bombardeos, incursión militar, extracción— desplaza el caso del plano judicial al plano del uso de la fuerza entre Estados, con todas las implicaciones que eso conlleva. 
La segunda teoría se resume en una palabra: petróleo. No porque el petróleo explique todo, sino porque el propio Trump lo colocó en el centro del mensaje. Associated Press reportó que el presidente habló de “dirigir” temporalmente Venezuela y de explotar sus reservas, mientras otros medios recogieron referencias a reactivar la industria con participación de compañías estadounidenses.  Esta teoría no requiere imaginación: cuando el jefe del Ejecutivo enmarca la operación en términos de administración transitoria y flujo de recursos, el debate deja de ser “si se dijo” y pasa a ser “qué habilita” esa narrativa. Y ahí aparece el dilema: ¿se pretende estabilizar para transitar a elecciones o se pretende administrar un país con fines estratégicos y económicos? El rastro discursivo existe; la intención final, todavía no.
La tercera teoría es la de cambio de régimen y disuasión regional: el mensaje de que Washington está dispuesto a cruzar umbrales que no cruzaba desde hace décadas en América Latina. Reuters describió el operativo como la intervención estadounidense más directa en la región desde Panamá (1989), con despliegue aéreo masivo y fuerzas especiales en Caracas.  Esa escala reconfigura incentivos en toda la región: gobiernos aliados o adversarios recalculan costos, oposiciones internas se envalentonan o se fragmentan, y actores extrahemisféricos (China, Rusia, Irán) posicionan su narrativa sobre soberanía e intervención.  Aquí, la teoría no se prueba con un documento; se observa en las consecuencias.
La cuarta teoría es doméstica: política interna estadounidense y el debate sobre legalidad y autorización. AP reportó cuestionamientos —incluidos de legisladores— sobre la legalidad y la ausencia de autorización del Congreso.  En un sistema donde la legitimidad de una operación puede disputarse en tribunales, comités y urnas, el frente interno no es un detalle, es parte del tablero. Esta teoría no pretende adivinar “motivaciones ocultas”; se limita a reconocer que una operación de esta escala siempre tiene costos y retornos políticos en casa, y que esos retornos influyen en cómo se comunica y se sostiene.
La quinta teoría, y la más peligrosa para la comprensión pública, no habla de misiles ni de tribunales: habla de desinformación. Verificadores en América Latina han documentado imágenes falsas creadas con IA y piezas engañosas difundidas como “pruebas” del operativo.  Este componente no es accesorio: en el ruido informativo, la propaganda se disfraza de evidencia, y la evidencia se degrada a “opinión”. En contextos así, cualquier análisis serio empieza por una higiene básica: qué dijo quién, qué documentó qué medio, qué verificó qué organismo, y qué no sabemos todavía.
Mi lectura editorial es simple: la discusión pública se está contaminando por un falso dilema. No es “o fue por justicia” o “fue por petróleo” o “fue por hegemonía”. En los hechos, pueden coexistir el expediente penal, la búsqueda de control estratégico y un cálculo político sobre el mensaje global. Lo riguroso no es elegir una teoría favorita; es jerarquizar evidencias y admitir incertidumbres.
En las próximas horas y días, el criterio para cualquier redacción —y para cualquier audiencia— debe ser uno: resistir la comodidad del relato total. En una crisis así, la verdad no llega en forma de slogan; llega en capas, con documentos, reportes consistentes, reacciones diplomáticas verificables y hechos sobre el terreno. Lo demás, por muy viral que sea, solo sirve para que la confusión gobierne antes que los hechos.
