El Cronista Yucatán
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 4 de agosto de 2025.- Crece la presión social en torno al caso de presunto despojo de terrenos en la costa de Yucatán, en el que se investiga la participación del notario Carlos M. L., titular de la Notaría 122, por su posible involucramiento como operador jurídico en transacciones inmobiliarias con presuntas irregularidades.
De acuerdo con versiones extraoficiales, se señala que el fedatario habría intervenido en procesos legales que derivaron en el cambio de titularidad de predios de alto valor económico, facilitando la transferencia de estos a particulares vinculados a círculos de poder político y económico.
Diversas voces han manifestado que la actuación del notario no se limitó a funciones técnicas, sino que con el respaldo de su investidura habría buscado dar apariencia de legalidad a una presunta maniobra de despojo. En este contexto, se ha solicitado que el caso sea investigado a fondo por las autoridades competentes y que, de confirmarse responsabilidades, se proceda conforme a la ley, incluyendo la posible revisión de su patente notarial.
Este caso ha abierto un debate público sobre el uso de estructuras notariales, catastrales y jurídicas como parte de un presunto esquema más amplio que, según versiones recogidas, involucraría a exfuncionarios estatales y actores identificados con la llamada «casta divina».
Entre los nombres mencionados se encuentra el del exdiputado federal Mario Peraza, quien fue director del Instituto Catastral durante la administración de Rolando Zapata Bello. En ese cargo, habría tenido injerencia en procesos registrales ahora bajo revisión por las autoridades.
La escena captada en una fotografía reciente, en la que aparecen varias personas señaladas por los afectados en un predio en disputa, ha fortalecido el reclamo ciudadano para que este caso no quede en la impunidad.
Colectivos ciudadanos y actores políticos han hecho un llamado a las instituciones estatales y federales para que desmantelen cualquier red de complicidad que pudiera estar operando alrededor del patrimonio costero de Yucatán, y para que se garantice el acceso a la justicia de quienes se consideren afectados por estos hechos.
