El Cronista Yucatán
Por Andrea Segura Rodríguez
Mérida, Yucatán, 22 de julio de 2025.- En Yucatán, la revictimización de niñas y niños tiene nombre y sede: el sistema judicial. A través de Cecofay —el programa estatal de convivencia familiar supervisada— el Estado obliga a las víctimas a convivir con sus agresores, bajo la promesa vacía de que “todo está bajo vigilancia”. Pero lo que las madres viven no es protección, es abandono institucional.
«Mariana» y «Luz» no son casos aislados: son parte de una red creciente de madres que denuncian lo que las autoridades no quieren ver. «Mariana» denunció el abuso sexual contra su hija mayor hace tres años. El acusado: el padre de su hija menor.
La sentencia aún no llega, pero el mandato judicial sí; debe seguir llevando a la hija menor a convivir con él.
“¿Cómo explico a mi hija mayor que su agresor sigue recibiendo visitas? Ella vive con ansiedad severa. La medicamos para sobrevivir”, relata.
«Luz» ha tenido que enfrentar a médicos, psicólogas, jueces y a un sistema que trivializa las señales de alarma. Su hija comenzó a mostrar signos de retraimiento tras las visitas con su abuelo paterno, denunciado por comportamientos inapropiados.
“Cecofay no escucha. Les enseñan a perdonar sin entender, a minimizar su propio miedo. Nos están enseñando a criar hijas sumisas, no sanas”, acusa.
No hay protocolos claros. No hay perspectiva de género. No hay reparación. Hay madres cargando solas con el duelo, el juicio, la culpa y la precariedad.
“Nos llaman conflictivas, pero nadie nos da pensión, nadie nos acompaña. Solo nos exigen callar y cumplir”, dice «Mariana».
Este no es un error del sistema. Es el sistema funcionando como está diseñado: protegiendo al agresor, disciplinando a las víctimas y aislando a quienes se atreven a hablar. Y ellas ya no se van a callar.
