El Cronista Yucatán
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 5 de febrero de 2025.- La diputada Larissa Acosta Escalante, junto con organizaciones de la sociedad civil, presentó una iniciativa para despenalizar el aborto en Yucatán. La propuesta busca garantizar el acceso a una interrupción legal del embarazo sin criminalización, con un enfoque en derechos humanos y perspectiva de género.
La iniciativa responde a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y plantea reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Estado. El objetivo es eliminar barreras legales que penalizan el derecho a decidir y asegurar atención médica digna, información clara y programas de salud sexual y reproductiva.
Durante su intervención, Acosta Escalante relató el caso de Evelia, una mujer indígena de Tixpéhual, quien fue condenada a 10 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo. La diputada destacó la necesidad de abordar el tema desde un enfoque de derechos y cuidados, evitando la criminalización de las personas gestantes.
La propuesta también busca proteger a médicos y enfermeras de consecuencias legales por atender a sus pacientes con ética y profesionalismo. Además, reconoce el derecho a la objeción de conciencia, siempre que no se obstaculice el acceso al servicio.
La iniciativa es resultado de un esfuerzo colectivo de activistas, organizaciones y defensoras de derechos humanos. Entre ellas, destacan el trabajo de CEJUDI, liderado por la abogada María Paula Balam, y el amparo impulsado por Amelia Ojeda, que marcó un precedente en la lucha por el derecho a decidir.
Con esta reforma, Yucatán avanza hacia la garantía de la justicia reproductiva, priorizando los derechos humanos sobre los prejuicios y la criminalización. La diputada Acosta Escalante enfatizó que la lucha por la autonomía corporal es un tema de justicia social y derechos humanos para todas las identidades.
