El Cronista Yucatán
Dijo que la esperanza es que sean personas honorables y de ahí la importancia de establecer límites claros y precisos para sus funciones
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 6 de abril de 2023.- El senador Jorge Carlos Ramírez Marín advirtió que el titular de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica deberá tener puntualmente acotadas sus funciones o de lo contrario podría utilizar su posición para “revisar, a placer, a diestra y siniestra, las cuentas de cuanto personaje quiera”.
“La buena esperanza es que sean personas honorables, que la certeza de tantos años de ser prácticamente inamovibles, no los convierta en un gravísimo estorbo para la seguridad y la democracia”, dijo luego de los cambios aprobados en el Congreso del Estado.
De ahí la importancia de que se establezcan límites claros y precisos a las funciones del nuevo Fiscal General del Estado y del titular de dicha Agencia para evitar que se conviertan en instrumentos para la persecución política.
En un video transmitido en sus redes sociales, Ramírez Marín hizo hincapié en la importancia de contar con un Fiscal que no dependa de un gobierno, sin embargo, explicó que esto puede tener consecuencias negativas y positivas.
“Es magnífico saber que habrá un Fiscal que no dependa de los cambios de gobierno, hubiera sido mejor idea varios años atrás, no al final de un sexenio. La apuesta la hacemos porque salga bien, porque quien sea designado cumpla, por lo menos, con los estándares que hemos visto hasta ahora”, enfatizó.
Ramírez Marín cuestionó la razón de que un acuerdo administrativo determine que la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica dependa directamente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, pues debió explorarse la posibilidad de dotar a este nuevo órgano de fiscalización de autonomía y establecer un periodo de máximo 10 años para su titular.
Recordó que el Auditor Superior de la Federación tiene un periodo para ejercer de 8 años, mientras que en la nueva legislación de Yucatán se establecieron 15 años para el funcionario que encabece la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica.
Expresó su confianza en que los legisladores establezcan los mecanismos idóneos para que los cambios a la Ley tengan la finalidad de que ambas instituciones sean mecanismos e instrumentos de real investigación y no se conviertan en uno de represión política.
