Podrán investigar y perseguir los delitos de manera independiente e imparcial, sin dependencia del Poder Ejecutivo. También aprueban mayores penas a quienes cometan abusos sexuales infantiles
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 5 de abril de 2023.- El Congreso del Estado aprobó una reforma legislativa impulsada por la Fracción Legislativa del PRI para que la Fiscalía General de Justicia de Yucatán pueda operar como un Organismo Constitucional Autónomo, es decir, ya no dependerá del gobernador en turno y de esta manera se garantice a la sociedad la eficaz procuración de justicia y el combate a la impunidad.
El coordinador de la bancada priísta, Gaspar Quintal Parra, explicó que con esta transformación, la Fiscalía podrá realizar sus tareas de investigación y de persecución de delitos de manera independiente e imparcial, sin tener que depender del Poder Ejecutivo.
Precisó que la constante evolución del derecho administrativo ha planteado como esencial que el reconocimiento de las atribuciones del Estado se garanticen con Organismos que procuren una cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del Poder público.
En su intervención en la Tribuna del Congreso para manifestar el voto del PRI a favor de esta reforma, indicó que es una realidad que se necesita procurar, especializar, agilizar, independizar, controlar y transparentar la actuación de estos organismos autónomos con la misma igualdad constitucional que los Poderes del Estado, pero sobre todo, estar acorde con las transformaciones sociales que motivan su creación y garantizan derechos fundamentales de la ciudadanía.
Recalcó que así como en los años 90 se crearon organismos garantes en materia de derechos humanos y posteriormente surgieron otros que garantizan la libre competencia económica, el acceso a la información y la protección de datos personales, ahora es importante dotarle esas características que blindará a la Fiscalía en su labor de investigación de delitos.
Gaspar Quintal recordó que entre las aportaciones legislativas hechas por la bancada del PRI es que en esta nueva etapa de la Fiscalía se privilegiará la inserción laboral de personas con discapacidad, así como más oportunidades para que las y los jóvenes puedan conseguir su primer empleo.
Por otra parte se aprobó la iniciativa de la Fracción del PRI para elevar hasta con 20 años de prisión a quien cometa el delito de abuso sexual infantil en Yucatán. Al respecto la diputada Karla Franco Blanco sostuvo que el Estado tiene la obligación de aplicar todo el peso de la ley a quien lesione la libertad sexual de un menor y no hay que permitir que esta reprobable conducta siga en aumento.
“Este delito lastima y afecta severamente a la víctima y su entorno familiar, ya que es una de las peores formas de violencia contra la niñez y adolescencia. Lamentablemente, es cometido por personas cercanas al menor de edad, ya sea por familiares, educadores o amigos, por lo que es importante insistir en que los niños son las víctimas, nunca los culpables”, recalcó al pedir el voto a favor de esta iniciativa.
La legisladora recordó que los casos de abuso sexual han ido en aumento en Yucatán, pues de acuerdo a los índices del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2021 ocurrieron 59 y el año pasado se registraron 78.
“Este problema social va al alza y no podemos permitir que Yucatán cuente con cifras negativas que sigan afectando la niñez de nuestra sociedad. Por eso, la Fracción Legislativa del PRI presentó esta iniciativa, con la finalidad de elevar las medidas punitivas en razón de garantizar la respuesta institucional en favor de las infancias”, sostuvo.
Karla Franco explicó que se reformó el artículo 310 del Código Penal del Estado, por lo que castigará el abuso sexual infantil con una pena de 12 hasta los 20 año de prisión y de 600 a 3 mil días multa, pudiendo incrementarse si hay violencia física o psicológica.
En la sesión legislativa también se aprobó otra iniciativa de la bancada del PRI en materia de corrupción de menores e incapaces, que consiste en adicionar al tipo penal lo relativo al consumo de productos de tabaco, para que se castigue a las personas que induzcan, fomenten, faciliten u obliguen al menor de edad a consumir cigarrillos o sus derivados.
La base de esta propuesta se motiva principalmente en los datos de la Encuesta Nacional sobre Adicciones, los cuales indican que el consumo de tabaco empieza cada vez en edad más temprana, ya que pasó de los 15 años en el 2018, a los 13 en 2020, con un consumo de mínimo 10 cigarros al día.
“En Yucatán, el consumo de tabaco en estudiantes de secundaria representa el 25 por ciento para hombres y el 14.5 para mujeres, mientras que la media a nivel nacional fue de 23.8 por ciento y 17.7, respectivamente, lo que se traduce en que los adolescentes del estado fuman más que los adolescentes de otras entidades”, dijo.
“Bajo este parámetro, estamos obligados a prevenir y revertir esta tendencia, hay que expresar que el delito de corrupción de menores e incapaces tiene que modificarse para que se castigue a quien ofrezca un cigarrillo o producto con tabaco a un infante o adolescente”, declaró.