Piden legislar para bajar los costos de los servicios notariales

Piden legislar para bajar los costos de los servicios notariales

La bancada del PRI en el Congreso del Estado, encabezada por el diputado Gaspar Quintal señaló que dicha acción sería en beneficio no solo de las empresas sino de todos los ciudadanos

Por Redacción

Mérida, Yucatán. 25 de marzo de 2022.- Durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado, el diputado de PRI, Gaspar Quintal Parra, señaló que los costos de los servicios notariales en el estado son elevados y es necesario legislar para disminuir esos costos siempre en beneficio de las yucatecas y yucatecos, pues no solo las empresas necesitan de los fedatarios, sino también la ciudadanía en general.

“En la Fracción Parlamentaria del PRI vemos con buenos ojos la ampliación del número de notarías porque eso dará paso a una mayor competencia que beneficiará al usuario final, además de que se dará acceso a la formalidad a una mayor parte de la población”, mencionó.

Dijo que los monopolios y oligopolios son dañinos para la economía de cualquier Estado, pues la venta de un producto o servicio se termina concentrando en pocas manos, lo cual da lugar al manejo discrecional de los precios y va en detrimento de la calidad del servicio o producto ofrecido. Por eso, al ampliar la cantidad de notarios le daremos al ciudadano la capacidad de escoger dónde realizar sus operaciones jurídicas.

“La disminución del número de escribanos públicos en el Estado que ofrecían servicios de fe pública a bajo costo a los habitantes de Yucatán conlleva a la necesidad de ampliar los servicios notariales que den certeza para compensar las figuras que han perdido vigencia, y así, garantizar costos justos principalmente a la gente que tiene carencias o limitaciones económicas; sobre todo en estos tiempos en los que la economía de las familias se ha visto afectada en sus ingresos”, afirmó.

Agregó que con el incremento en el número de notarios también se debe vigilar la existencia de estándares adecuados de calidad en sus servicios y que no haya asimetrías en la información que ofrecen a los ciudadanos.